La discusión sobre la necesidad de una reforma de la Caja Fiscal y de las demás cajas de jubilaciones está tomando fuerza. Autoridades de los tres Poderes del Estado y representantes del sector privado ya iniciaron las reuniones a fin de encontrar una solución para que las citadas entidades sigan siendo sostenibles.
En este sentido, Liz del Padre, directora de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), aseguró que la Caja Fiscal necesita una reforma integral principalmente por la heterogeneidad de los regímenes que se aplican.
Adelantó que la Cartera Económica trabaja en un proceso de revisión y análisis del sistema en general, preparando estudios actuariales con la cooperación de organismos internacionales.
Del Padre, en diálogo con Radio Monumental 1080 AM, enfatizó que el tratamiento de esta cuestión debe ser priorizado en la agenda, no solo de los Poderes del Estado, sino también de la ciudadanía en general, ya que afecta a las arcas del Estado y repercute en los ciudadanos.
La directora explicó también que los aportes son iguales para todos los sectores de la Caja Fiscal; sin embargo, existe una inequidad en cuanto a los beneficios otorgados.
Por otro lado, afirmó que para el año 2027 aproximadamente se estarían utilizando las reservas de la Caja Fiscal, según estudios que llevan adelante junto con la Subsecretaría de Estado de Economía. Añadió que también se encuentran en revisión los cálculos actuariales.
Añadió que, desde el 2013, la Caja Fiscal empezó a invertir y con mayor fuerza lo hizo en 2019. No obstante, indicó que esas medidas ya no son suficientes para cubrir el déficit que se va generando.
Déficit supera G. 570.000 millones en el primer semestre
En este sentido, cabe mencionar que al cierre del primer semestre de este año, la Caja Fiscal presenta un déficit de G. -577.775 millones, representando el -33%. Esto se debe a la diferencia entre los egresos y aportes, que alcanzaron G. 1,77 billones y G. 1,19 billones, respectivamente,.
En el sector civil, los maestros históricamente arrastran un déficit que actualmente es de -47%, lo cual equivale G. -344.573 millones. Esta erogación se cubre mensualmente con los aportes de los demás componentes del sector, que son empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que mantienen una situación superavitaria. A junio de 2021 presentan 75%, 23% y 21%, respectivamente.
Por el lado del sector de las fuerzas públicas, constituido por militares y policías, continúa presentando un elevado déficit, de -76% y -62% respectivamente, lo que significa en conjunto G. -462.384 millones durante los primeros seis meses del año.
Este monto deficitario se abona con recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos percibidos por el Fisco.
De los 67.388 jubilados de la Caja Fiscal, al cierre de junio de este año son unos 48.644 -entre maestros, policías y militares- los que arrastran pérdidas mensuales, tanto para el sector civil como para el Tesoro Público.
Prórroga de vencimientos
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda informó que desde el 13 de julio próximo, según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC), queda establecido el nuevo calendario de vencimiento para la presentación de Actualización de Datos del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales.
Según explicaron, este nuevo calendario se establece atendiendo al Decreto 3241/20 que en su artículo 10 dispone la exigencia de la Ley 6449/19, que hace referencia a que todos los datos e informaciones declarados en el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y en el registro administrativo de beneficiarios finales deberán ser actualizados anualmente a más tardar al 30 de junio de cada año correspondiente, a partir del 2021.
Además la Ley dispone que, independiente a la obligación anual, en caso de que se presente alguna variación o modificación en los datos e informaciones declarados, los sujetos obligados -a través de su representante legal o persona física autorizada- deberán actualizar los datos dentro del plazo máximo de quince días hábiles desde que se ha producido el hecho.
