Según información proveída por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Ministerio de Hacienda, la Caja Fiscal arrancó el año con un déficit del -28% entre los egresos y sus aportes.
Concretamente, el ingreso a la Caja fue por valor de G. 312.323 millones, mientras que los egresos alcanzaron la cifra de G. 223.944 millones, es decir, una diferencia de G. 88.379 millones.
La citada Dirección informó que el sector civil compuesto por maestros históricamente arrastra un déficit, que en el primer mes de este año fue de -46%, lo cual representa unos G. 59.780 millones.
Por su parte, el sector de las Fuerzas Públicas -integrado por militares y policías- sigue manteniendo un déficit de -67% y -45%, respectivamente, lo que representa en conjunto G. -63.748 millones al cierre de enero del presente ejercicio fiscal.
En cuanto a los demás sectores de la Caja Fiscal, los empleados públicos, los docentes universitarios y los magistrados judiciales tienen superávit del 64%, 12% y 11%, respectivamente.
Actualmente, existen 225.631 aportantes activos de la Caja Fiscal y 67.568 jubilados. De esta cantidad, 48.660 jubilados, entre maestros, policías y militares, son los que arrastran las pérdidas mensuales.
“Hacienda lleva adelante una revisión profunda de la Caja Fiscal con el objetivo de asegurar la equidad y la sostenibilidad de la misma, ya que el sistema previsional presenta retos en cuanto a la sustentabilidad actuarial y en gran medida la evolución demográfica plantea desafíos, por lo que la edad de jubilación y el aumento de los beneficios sin los ajustes requeridos en cuanto a la fuente de financiamiento conllevarán riesgos de sostenibilidad financiera”, apunta el comunicado.
Del mismo informe se desprende que los desembolsos para el sector de maestros fueron por un total de G. 130.489 millones, lo que representa un 41,8% del total, mientras que los militares ocuparon el 18% de los desembolsos realizados por la Caja y los policías, un 16,6%. Además, los empleados públicos ocuparon el 16,6% y el resto, con porcentajes menores, se reparte entre docentes universitarios y magistrados.
