La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el Proyecto de Ley que aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo.
Durante el tratamiento del proyecto, el diputado Jorge Ávalos Mariño, de la Comisión de Legislación, dijo que desde la citada mesa legislativa recomendaban al pleno la aprobación del convenio.
Explicó que el protocolo es complementario al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, adoptado en Ginebra en el año 2003 y que fuera aprobado por Paraguay por la Ley N° 2969 del 10 de agosto del 2006.
El legislador señaló que el protocolo de referencia fue firmado en el 2012 y remitido al Senado en el 2018. Manifestó también que el convenio marco tiene por objeto proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la exposición al humo de tabaco.
En el convenio marco se proporciona un marco para las medidas de control que deben aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo del tabaco y la exposición al humo de tabaco.
“El protocolo que hoy analizamos tiene por propósito eliminar toda forma de comercio ilícito del producto de tabaco, así mismo, establece infracciones, aborda las responsabilidades y pagos relacionados a las incautaciones, así como la eliminación de los productos confiscados”, detalló sobre el proyecto sancionado.
Dijo que la normativa también busca fomentar la cooperación internacional, con medidas sobre el intercambio de información, cooperación técnica, así como la asistencia mutua de carácter jurídico, administrativo y de extradición.
“La aplicación del protocolo va a requerir una estrecha cooperación entre las partes y las organizaciones internacionales con experiencia en las áreas relacionadas, incluyendo Aduanas, delincuencia internacional y a nivel nacional entre los diversos sectores gubernamentales”, afirmó.
Además, agregó que establece un régimen mundial de seguimiento y localización. “Su propósito es ayudar a las partes a determinar el origen de los productos del tabaco, el punto en que se desvían en su caso, y la vigilancia y el control del movimiento de los productos de tabaco y su situación legal”, aclaró.
Enfatizó en que específicamente el protocolo establece la trazabilidad del producto del tabaco, pudiendo hacerle seguimiento desde su fabricación hasta su consumo final.
BNF cerró cuentas de Tabesa
Por otra parte, cabe recordar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en un acto oficial realizado el martes en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones, se refirió sobre el enojo de un sector por las medidas asumidas por el Banco Nacional de Fomento (BNF).
«En el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuando se enteraron que eran el único banco que hacía transferencias al exterior de una empresa que hoy está siendo investigada por vínculos con el terrorismo y lavado de dinero, le cortaron las transferencias al exterior», afirmó el jefe de Estado, en su discurso.
El mandatario felicitó a la banca pública por las medidas que tomó al respecto. «¿Por qué si ningún banco privado le hace transferencias al exterior a esa empresa, nosotros, la banca pública del pueblo, va a tener que perder su prestigio cuando una empresa está siendo investigada?», insistió.
Tras estas declaraciones, Pedro Ovelar, abogado del ex mandatario Horacio Cartes, en comunicación con Radio Monumental, confirmó que las cuentas de la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad de Cartes, fueron bloqueadas en el BNF.
El profesional calificó esta medida del BNF como una persecución política por parte del sector del oficialismo contra Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes.
Reunión CBI
También, el martes los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos mantuvieron una reunión con Zully Rolón, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); René Fernández, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Anticorrupción; y Claudia Criscioni, jueza de sentencias de Delitos Económicos de la Corte Suprema de Justicia.
En el encuentro, la ministra de la SENAD sostuvo que desde la institución se dedican a combatir el narcotráfico y trabajan en el ámbito del lavado de dinero; “bajo esta administración se creó la Dirección de Inteligencia Financiera, que trabaja a la par de todos los casos de narcotráfico”, refirió.
Asimismo, agregó que trabajan coordinadamente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en el ámbito tributario y fuerzas de seguridad para la lucha del lavado de dinero. Igualmente, la ministra respondió un cuestionario donde señaló la ruta del narcotráfico y otros datos referentes a este flagelo.
Por su parte, el ministro Fernández se refirió al caso del arribo del avión iraní a nuestro país, y aseguró que se manejan datos preliminares que indican que los tripulantes se reunieron con personas vinculadas a la trata internacional de personas y tráfico de estupefacientes.
“Es una operación que está en curso, son datos que se buscan recabar y que han sido comunicados al Ministerio Público”, manifestó el titular de Anticorrupción.
También comentó a los legisladores que han formulado denuncias con otras entidades del Poder Ejecutivo que tienen relación con el lavado de dinero y contrabando. Además, habló del trabajo coordinado que realizan con otras instituciones.
Finalmente, compareció ante la Comisión Claudia Criscioni, jueza de sentencias de Delitos Económicos de la Corte Suprema de Justicia, encargada del caso Ramón González Daher, quien fue condenado por quince años en primera instancia por usura, denuncia falsa y lavado de activos.
Al respecto, la jueza explicó que el condenado hacía préstamos de dinero con un interés superior al previsto por el Banco Central del Paraguay y, además, obligaba a las personas a entregar cheques a la vista o de pago diferido con los cuales cobraba los intereses.
La profesional mencionó que se deben articular mejor las instituciones, profundizar en la llamada “prevención del lavado de dinero” con participación de los particulares, así como fomentar y lograr que justamente los informes de inteligencia financiera autónomos terminen en condenas con comiso.
