En el marco de la 3era Edición del Foro y Exposición de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), el Ministerio de Hacienda informó que para cerrar las brechas en infraestructura hasta el año 2030, necesitamos invertir cerca de UDS 2,800 millones por los próximos 8 años (6% PIB en promedio). Si mantenemos una inversión de UDS 1.000 millones (2% PIB) al año, como se viene realizando actualmente, la brecha actual se cerrará recién en un plazo de 20 años.
Es decir, que existe una brecha de inversión del 4% del PIB que debe aumentarse en los próximos años. De acuerdo con el ente, el mayor deficit se encuentra en el área de transporte donde se necesita invertir alrededor de UDS 9.913 millones, en segundo lugar se encuentran las telecomunicaciones donde se necesita UDS 4.462 millones.
Igualmente, en el área de agua y saneamiento la brecha es de 4.214 millones y en electricidad llega a UDS 4.007 millones. Durante la inauguración del encuentro organizado por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), el titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, remarcó la importancia de complementar las acciones encaradas por el Ejecutivo en el sector de obras públicas con un mayor financiamiento privado.
“El desafío del futuro es continuar con obras de envergadura. Paraguay va a necesitar para el futuro tener un complemento y una mayor participación del sector privado y del financiamiento privado, para mantener estos niveles de inversión que necesitamos”, expresó al tiempo de argumentar la importancia de apostar a los organismos multilaterales para el financiamiento de más obras.
Dijo que muchas veces no se explica el cuestionamiento a préstamos que son para financiar obras de conectividad. “Uno no entiende cómo se cuestiona el endeudamiento, cuando el endeudamiento es para obra de infraestructura, es para progreso y genera un activo en la región. La pregunta que hay que hacerse muchas veces es cuánto cuesta no hacer las obras que hicimos, cuánto cuesta seguir estando aislados”, sostuvo al citar las diferentes obras encaradas durante su gestión.
Dijo que no debe cortarse el ritmo de ejecución de obras, sino más bien debe potenciarse como política de Estado. “En estos últimos cinco años no va a tener el resultado que queremos si se corta esta política de Estado que representa invertir en infraestructura en un país como el nuestro que tiene enormes oportunidades”, indicó.
Por su parte, el viceministro de Economía, Iván Haas, durante su disertación explicó que el año 2020 cerró con un déficit del 6,1% del PIB, explicado principalmente por el sistema de salud ampliado y las obras públicas. El objetivo es reducir este porcentaje de manera gradual hasta volver a la meta prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), por lo que para este año el límite proyectado es del 3%, para el año que viene 2,3% y para el 2024, un 1,5%.
“Este compromiso conlleva necesariamente a tener que reducir los niveles de inversión pública. Mientras que en años anteriores se registraron niveles promedio del 3,2% y en el 2020 un nivel récord del 3,6%, para los siguientes años deberíamos mantener un promedio del 2% de inversión para recomponer las finanzas públicas”, detalló.
Reformas estructurales para generar mayor inversión
Según el viceministro Haas, es necesario potenciar y avanzar con aquellas medidas que hoy podrían generar un espacio fiscal, como las reformas estructurales. Cito tres ámbitos específicos, la de compras públicas que podría representar un ahorro de 1,5% del PIB, es decir unos USD 730 millones por año; la Reforma de la Caja Fiscal que liberará unos UDS 240 millones por año, lo que representa 0,5% del PIB y la formalización del mercado laboral, teniendo en cuenta que actualmente, de cada 10 personas solo 2 aportan a la seguridad social.
“La elevada informalidad conlleva costosas erogaciones, por ejemplo, al programa de pensión alimentaria para adultos mayores para el 2022 se asignaron unos USD 261,8 millones para 280.000 beneficiarios. Atendiendo la formalización del mercado laboral se podría lograr un ahorro de 0,7% del PIB”, añadió.
Según las estimaciones de Hacienda, impulsando estas reformas, se tendría un potencial espacio fiscal adicional de 2,7% del PIB, es decir unos UDS 1.300 millones que podrían ser redireccionados a inversiones en salud, educación e infraestructura.
