La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron conjuntamente el Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina (IPM-AL).
Este documento es una herramienta que incorpora dimensiones distintas al ingreso en la medición del bienestar y adapta sus estándares a la realidad particular de la región.
El Índice utiliza criterios apropiados para países de desarrollo intermedio y contempla aspectos clave del bienestar, como la calidad del empleo, el acceso a protección social, la no participación laboral por responsabilidades domésticas.
Además incluye, la conectividad a internet lo que permite marcar así un avance significativo respecto a mediciones previas basadas principalmente en privaciones extremas.
Asimismo, complementa a la medición tradicional de pobreza por ingresos al reflejar privaciones en cuatro dimensiones fundamentales del bienestar: vivienda, salud, educación y empleo.
Al combinar ambos enfoques, se obtiene una visión más completa y precisa de la realidad de la pobreza en América Latina, facilitando el diseño de políticas públicas integrales para enfrentarla.
PRINCIPALES RESULTADOS REGIONALES
De acuerdo a cifras de la CEPAL, entre 2008 y 2023 la pobreza multidimensional en América Latina disminuyó considerablemente, pasando del 45,8% al 25,4%.
Esta tendencia de reducción anual, de aproximadamente 1,4 puntos porcentuales, sólo se vio interrumpida en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
Esta reducción ha sido impulsada principalmente por mejoras en el acceso a internet, educación de adultos y saneamiento.
La incidencia de la pobreza multidimensional varía significativamente según la edad, lugar de residencia y condición étnica: En 2023, la pobreza multidimensional afectaba al 57,0% de la población en zonas rurales frente al 15,5% en áreas urbanas.
La infancia registra la mayor incidencia de pobreza (31%), seguida por adultos mayores (21%) y adultos entre 18 y 59 años (20%).
La población indígena presenta una incidencia especialmente alta, con un 50,6%, frente al 18,5% en población no indígena.
En relación a las brechas de género, el IPM-AL realizó un análisis individual para la población entre 20 y 59 años.
Los resultados revelan importantes desigualdades, explicadas principalmente por las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder al mercado laboral, la mala calidad del empleo y la limitada autonomía económica, vinculadas directamente con la carga desigual de tareas domésticas y cuidados no remunerados.
PARAGUAY
El Índice de pobreza multidimensional global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), de Paraguay según el documento de CEPAL, se ubicó en 7,4% en el año 2016.
Mientras que conforme a la medida de pobreza multidimensional del Banco Mundial, en 2022 Paraguay registró un índice de 1,8%.
En el indicador de hacinamiento se señala que Paraguay registra más de tres personas por dormitorio, por lo que la incidencia del mismo en la población total, según distintos umbrales, alrededor de 2022 fue de 29.
En cuanto a los indicadores de privación relacionados con el agua, resalta que en un porcentaje importante de la población, no tiene baño y aquellos que sí tienen baño, no están conectados a la red de alcantarillado y carece de cámara séptica o pozo ciego.
Por otro lado, con respecto al indicador de formación, la edad de comienzo y finalización de la educación obligatoria en Paraguay es de 5 y 17 años, respectivamente y el umbral de rezago educativo es de dos años o más.
Asimismo, el bajo logro educativo en adultos, para los nacidos a partir 1996, se evidenció que este segmento poblacional, no logra 12 años de estudio, mientras que los nacidos entre 1988 y 1995, no logra nueve años de estudio.
Por su parte, los nacidos antes de 1988 no logran seis años de estudio y un porcentaje importante de la población de 50 a 65 años, no sabe leer ni escribir.
Otro resultado destacado es que las personas mayores que no acceden a ninguna pensión es del 40% y que acceden a una pensión inferior o superior a la línea de pobreza, alrededor de 2022, es del 31% y 29%, respectivamente.
