Por: Observatorio Económico del Poder Legislativo, Club de Economía.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) es una herramienta fundamental mediante la cual se mide la eficiencia en la planificación y gestión pública en Paraguay. A través de este instrumento, el gobierno define las prioridades en el gasto y la inversión pública, asignando recursos a diversas áreas del aparato estatal, como salud, educación, infraestructura y seguridad, entre otras.
Su elaboración es un proceso complejo que involucra a todos los OEE, instituciones y sectores de la sociedad, con el fin de equilibrar las necesidades de la población con las metas de desarrollo del país.
La elaboración del PGN se basa en un conjunto de normativas y procedimientos legales, principalmente la Constitución Nacional de 1992 y la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley N° 1535/1999), que establecen lineamientos orientados a la transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un rol clave en la coordinación y elaboración del presupuesto, en colaboración con distintas instituciones públicas, antes de que el documento final sea sometido al Congreso Nacional para su análisis, debate y eventual aprobación.
El PGN no solo define los niveles de gasto y las fuentes de ingresos del Estado, sino que también tiene un impacto directo en la economía y el bienestar de la población. La planificación del uso del presupuesto asignado a cada institución afecta la calidad de los servicios públicos, así como el desarrollo y la estabilidad económica del país.
Un presupuesto bien diseñado puede impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población, mientras que una mala ejecución podría provocar un aumento desproporcionado de la deuda pública.
Esta investigación analiza la planificación y ejecución del PGN en algunas instituciones en un periodo determinado, evaluando sus efectos en distintas áreas y los planes proyectados para el PGN 2025.
DISTRIBUCIÓN PGN 2025
El monto del Presupuesto General de la Nación para 2025 asciende a G. 132,9 billones (USD 17.557 millones), lo que representa un aumento del 14% respecto al presupuesto del año anterior, de G. 116,5 billones (USD 15.5 mil millones). Este incremento busca priorizar servicios esenciales como salud, educación, seguridad, protección social y obras de infraestructura.
El sector educativo recibirá un aumento de USD 309 millones, destinados a financiar el proyecto “Hambre Cero” y otras necesidades prioritarias. Este incremento representa la mayor asignación adicional de recursos para la educación en la historia reciente de Paraguay.
En cuanto a la salud, se destinarán USD 103 millones más que en 2024, con una gran parte dirigida al Instituto Nacional del Cáncer (USD 25 millones), además de la construcción y equipamiento de hospitales y el pago de deudas por la adquisición de medicamentos.
Para el sector de seguridad y justicia, se prevé un incremento de USD 111 millones para la contratación de 5.000 nuevos agentes de seguridad y el mantenimiento de vehículos policiales. Otros USD 52 millones se destinarán al sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público y la Corte Suprema.
El programa “Adultos Mayores” recibirá un incremento de USD 46 millones, un 14% más que el año anterior, facilitando su implementación gradual y universalización a través del Ministerio de Desarrollo Social. Por su parte, el presupuesto asignado al MOPC se reduce en un 2%, quedando en USD 960 millones, comparado con los USD 987 millones de 2024.
A pesar de esta reducción, el enfoque sigue siendo ambicioso, con proyectos estratégicos como la continuación de la Ruta 2, el Puente de la Ruta Bioceánica y la duplicación de la carretera que conecta el Aeropuerto Silvio Pettirossi con la Ruta Tape Tuja en Luque.
PREOCUPACIONES
Una de las principales preocupaciones respecto al gasto público en Paraguay es la administración de los recursos del Estado, un problema que ha afectado al país durante muchos años.
Aunque el aumento del presupuesto y la asignación de más fondos a sectores como educación, salud y seguridad son positivos, muchos ciudadanos sienten que no siempre hay garantía de que esos recursos se utilicen de manera eficiente.
Los contribuyentes carecen de mecanismos claros para verificar si el dinero se destina realmente a mejorar escuelas, hospitales o la seguridad pública, ya que el monitoreo adecuado requiere tiempo y conocimientos técnicos.
Esta falta de transparencia genera desconfianza entre los ciudadanos. Cuando ven un aumento en el presupuesto, inicialmente pueden pensar que esto beneficiará al país al mejorar los servicios públicos y la calidad de vida.
Sin embargo, también consideran que parte de ese aumento puede deberse a la inflación y al ajuste de los bienes y servicios provistos por el Estado. Debido a experiencias previas de mala gestión y corrupción, muchos piensan que una gran parte de estos fondos se malgastará o no se utilizará de forma eficiente.
Esto genera frustración entre los contribuyentes, quienes perciben sus aportes como un “reparto de oportunidades” que beneficia solo a un grupo reducido. Este sentimiento de “haber sido estafado” afecta la confianza en el gobierno y en las instituciones públicas, generando una sensación de impotencia y desilusión.
Por eso, aunque el aumento del presupuesto podría ser visto como positivo, si no hay un control adecuado en la ejecución de los fondos, muchos seguirán percibiendo este crecimiento con escepticismo.
Conclusión
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 representa un punto clave, siendo el primero desde que Paraguay alcanzó el grado de inversión, lo cual posiciona al país favorablemente para atraer inversiones extranjeras, contribuyendo potencialmente al desarrollo de la economía nacional.
Según el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, este es un «momento clave para aprovechar y buscar nuevas oportunidades de crecimiento» (SIC).
Sectores como el de la salud han recibido un aumento significativo en su asignación de recursos, un avance necesario para enfrentar los retos actuales del sistema sanitario.
Sin embargo, el desafío radica en asegurar que estos recursos se gestionen de manera efectiva para optimizar su impacto en la calidad de los servicios y el bienestar general de la población.
El incremento del 14% en el presupuesto global es alentador, aunque una porción considerable sigue destinada a salarios del sector público, lo que puede limitar el alcance de los fondos en sectores prioritarios. Optimizar la administración de estos recursos podría contribuir a una gestión más eficaz del desarrollo del país.
