La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley conocida coloquialmente como la Ley de Asociación Público Privada o «Ley APP”. El documento fue remitido a la Cámara Baja para su posterior estudio.
Según el Ejecutivo, la iniciativa, ahora con media sanción, tiene como objetivos fortalecer la prestación de servicios públicos y la construcción de obras públicas; de aumentar la capacidad de gestión del Estado; incorporar con inteligencia al sector privado en el ámbito público.
Así también, la de aprender de las experiencias de los primeros diez años de aplicación de la participación público-privada; atender a las actuales realidades de financiamiento nacional e internacional; y, por sobre todo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Durante el tratamiento, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que el proyecto busca mejorar y modernizar el contrato conocido como Participación Público-Privada (PPP), una herramienta ya existente que promueve la colaboración entre el Estado y el sector privado para facilitar el desarrollo de infraestructura pública y la ampliación de servicios esenciales.
“Con esta actualización, el objetivo es optimizar el marco legal, mejorando la eficiencia en el uso de recursos y respondiendo a las crecientes demandas, especialmente en el ámbito de obras de infraestructura”, resaltó.
En la propuesta, los órganos involucrados son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Procuraduría General de la República y las administraciones contratantes, que son las entidades del Estado responsables de estructurar, adjudicar y supervisar la ejecución de los contratos de PPP dentro de sus respectivas competencias.
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El proyecto contempla dos tipos de iniciativas: iniciativas públicas, impulsadas directamente por el Estado para cubrir sectores prioritarios; y las Iniciativas privadas, propuestas por empresas privadas para desarrollar proyectos de infraestructura. Todas las iniciativas deberán adherirse a principios de eficiencia, transparencia, rentabilidad social, seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental.
Además, el senador destacó que el proyecto establece una inversión mínima equivalente a 12.500 salarios mínimos, con excepciones permitidas previa aprobación del MEF.
Asimismo, se habilita el uso de fideicomisos para la gestión financiera de los proyectos, lo que garantiza un manejo eficiente y la correcta aplicación de los recursos asignados. También se introducen modificaciones de técnica legislativa y ajustes para dar mayor claridad al texto normativo.
