Ciudad de México, 5 ago (EFE).- Establecer precios máximos al gas LP en México podría en riesgo de quiebra a decenas de empresas por las dificultades para operar con esta medida del Gobierno federal, advirtió este jueves la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un comunicado, el organismo indicó que establecer un tope en los precios del gas podría «fomentar el mercado negro, generar desabasto y provocar alteraciones».
Además, aseguró que la medida impactaría positivamente al consumidor, pero «pone en riesgo de quiebra a docenas de empresas».
El lunes entró en vigor el esquema de regulación de precios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que señala que «ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los 145 precios diferentes que establezca semanalmente».
Esto provocó que los distribuidores de gas del centro de México iniciaran una huelga, la cual abandonaron un día después luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazara con denunciarlos.
Aunque la Coparmex reconoció la necesidad de dar una solución definitiva a los constantes incrementos en el precio del gas, consideró que las decisiones tomadas por el ejecutivo federal -como la creación del Gas Bienestar y la imposición de un límite de precios- «no abonan a la competitividad que necesita el país».
Recordó la experiencia «negativa» que México tuvo con los precios fijados por la entidad estatal de manera arbitraria en los años 70 y principios de los 80 y consideró que una de las vías factibles para la resolución de esta problemática es la de fomentar la participación público-privada en la extracción y explotación del gas.
«Además de que se utilicen los elementos contemplados en la ley para focalizar el subsidio», agregó.
El organismo advirtió que las fijaciones artificiales de precios provocan que empresas salgan del mercado y por ello consideró que el Gobierno debe rectificar la medida implementada, «ante un riesgo latente de desabasto como el que se está produciendo».
Y señaló que esto afectará al comercio, la industria, los hogares mexicanos y tendrá un grave impacto económico para el país.
El presidente mexicano ha acusado a las empresas privadas que suministran el gas de ofrecerlo a precios muy caros pese a que Petróleos Mexicanos (Pemex) vende el producto a un determinado precio.
Además, ha asegurado que solo cinco empresas grandes distribuyen casi 50 % del gas LP y obtienen un amplio margen de beneficio.
Es por ello que a principios de julio anunció la creación de un órgano público, llamado Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a un «precio justo».
Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador tiene una encrucijada con las firmas energética privadas, a las que acusa, entre otros asuntos, de haber «saqueado» a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex.
