En su espacio de Plaza Pública, la fundación Desarrollo en Democracia (Dende) abordó el proyecto de Ley que busca reformar las compras públicas e hizo hincapié en la necesidad de que se eliminen las irregularidades y el sobrecosto en las compras públicas.
Desde la citada organización insistieron en que es necesaria una reforma en este sentido que permita mayor competencia, transparencia y eficiencia, además de establecer mecanismos que reduzcan las injerencias políticas en los procesos.
Al inicio de la charla, Alberto Acosta Garbarino, presidente de Dende, señaló que si bien la reforma realizada en el 2003 fue muy importante, existe hoy la necesidad de plantear un cambio normativo para reducir la ineficiencia y la corrupción en el sistema de compras públicas.
Comentó que con la pandemia quedó en evidencia la existencia de un Estado que gasta mucho y brinda escasos servicios.
“Y es la transformación de ese Estado la que venimos reclamando, ante la necesidad de mayor y mejores inversiones en áreas como la salud, educación, infraestructura y seguridad”, subrayó.
El titular de Dende recordó que existe un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los gastos públicos en América Latina, el cual habla de que podría reducirse el equivalente a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) si se mejora el sistema de contrataciones públicas, indicando que en el caso de Paraguay podría representar unos USD 1.600 millones.
Por su parte, el presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Jaime Egüez, hizo hincapié en la escasa competitividad y la falta de homologación de los pliegos, principales debilidades del actual sistema de compras públicas.
Garantizar la transparencia
Coincidió con la necesidad de una urgente reforma, que a su criterio debe garantizar la transparencia, la competitividad, la separación de la incidencia del poder político en las compras públicas, además de la simplificación de los procesos cuando se tratan de compras menores, permitiendo así que las pequeñas y medianas empresas puedan tener oportunidades de competir.
“Necesitamos más proveedores que se acerquen al sistema, por un lado; pero también que esos proveedores sean los mejores. Necesitamos evitar las empresas de maletín. Las mismas reglas de juego para todos y creo que en eso avanza la ley”, indicó.
Añadió que la iniciativa también refuerza las sanciones a las empresas que no cumplen con la provisión o con los contratos y establece inclusive una evaluación de cómo funcionó la empresa. “Entonces, con el tiempo van a tener empresas que rinden y que cumplen y empresas que van a ir saliendo del sistema”, explicó Egüez.
Ley dotará al Estado de mejores instrumentos
Por su parte, la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Viviana Casco, aseguró que el proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas dotará al Estado de los instrumentos necesarios para que los procesos de adjudicación de bienes y servicios se realicen de manera oportuna, transparente y eficiente, con mayores oportunidades de supervisión activa por parte de la ciudadanía.
La alta funcionaria explicó que la reforma del sistema de compras públicas incorpora la sostenibilidad e inclusividad como principios rectores a ser considerados desde la planificación. Explicó que se avanza hacia un nuevo concepto de adjudicación, denominado “valor por dinero”, desde el enfoque de que no solo el menor precio sea considerado, sino también el de mayor eficacia y eficiencia.
Además, sostuvo que se apunta a una política de compras conjuntas, planificadas y consolidadas entre las diferentes instituciones del Estado, incluyendo la estandarización de los bienes y servicios que deban adquirirse. Mencionó como un aspecto muy importante la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer una supervisión activa con el monitoreo permanente.
Desafíos en los procesos actuales
Conseguir mejores precios, opciones y calidad a la hora de comprar hoy resulta difícil, puntualizó por su parte Oscar Stark, director administrativo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y recordó que el 43% de las licitaciones públicas se caracterizaron por contar con un solo oferente.
“No tenemos un sistema que fomente competencia, no tenemos estandarizaciones ni homologaciones, pues contamos con un marco bastante rígido”, acotó.
Finalmente, Yan Speranza, del Club de Ejecutivos, recordó que se debe responder a la creciente y legítima demanda de la ciudadanía de una mejor calidad del gasto público, razón por la cual es importante hablar sobre esto y lograr el acompañamiento del Congreso Nacional para aprobar esta propuesta de cambio en la normativa de las compras públicas.
