Tras el retorno del proyecto desde la Cámara Alta, Diputados sancionó la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021 con las modificaciones realizadas por los senadores. De este modo, con un déficit presupuestario del 4%, se fijaron gastos por valor de G. 92,2 billones.
El monto previsto en la elaboración enviada por el Ministerio de Hacienda era originalmente de G. 85 billones, con lo que la versión aprobada es un 8% más grande.
De esta manera, el criterio técnico del Poder Ejecutivo fue descartado en el marco de la discusión política y a falta de la promulgación, el Presupuesto General es mayor a lo proyectado inicialmente.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Tadeo Rojas (ANR), explicó que la Cámara Baja había aprobado reprogramaciones presupuestarias para diferentes instituciones y que el Senado, a su vez, aumentó el PGN 2021 en G. 239.183 millones, en comparación con la versión de Diputados
Por ejemplo, uno de los elementos introducidos durante el proceso de estudio del Presupuesto tiene que ver con el Ministerio de Justicia, institución a la que se asignó G. 10.000 millones más para mantener contratos de 150 guardiacárceles, 80 trabajadores de blanco y 240 oficiales del registro civil.
Otra importante variación se dio en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, por pedido del titular de la cartera, Julio Mazzoleni, y contempla la desprecarización de 6.500 funcionarios de blanco; la unificación de vínculos de unos 1.850 trabajadores; y la recuperación de créditos presupuestarios para equiparación salarial de funcionarios del Hospital del Trauma y del Hospital Nacional de Itauguá, por G. 285.000 millones.
Este último punto será financiado con la eliminación de cargos vacantes y se aplicará desde el mes de julio del próximo año, según datos brindados.
Cabe recordar que la elaboración del proyecto del Ministerio de Hacienda fue realizado con un supuesto de crecimiento en el Producto Interno Bruto del 5%. Sin embargo, esta expectativa de crecimiento potencial está supeditada a la evolución de la crisis económica y especialmente a la llegada de una vacuna que pueda ser la solución definitiva al virus.
Disidencia
Kattya González, diputada por el Partido Encuentro Nacional, hizo constar su disconformidad con la versión enviada por la Cámara de Senadores, ya que según refirió incorpora a unos 1.000 funcionarios administrativos más.
Dijo que más allá de las reivindicaciones del personal de blanco, que son totalmente justas, es un momento para cortar todos los gastos necesarios como para dar un mensaje y colaborar con la reactivación de la economía.
“Debemos comprender que las reivindicaciones salariales del sector público, por más justas que sean, deben quedar en stand by por este tiempo. Claro que podemos reconocer que hay personas que hace muchos años merecen una reivindicación salarial, pero en tiempos de pandemia no podemos”, apuntó la diputada.
