Este martes salió a la luz el decreto N° 7364 de la Presidencia de la República, mediante el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley N° 6925 “de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”. El documento había sido sancionado el mes pasado por el Congreso Nacional.
Esta decisión fue duramente criticada en las redes sociales. En este sentido, el senador Patrick Kemper escribió en su Twitter: “lamento profundamente que el presidente Mario Abdo haya vetado la ley de electromovilidad; con la cual se promovía el uso de nuestra energía eléctrica limpia y renovable para el transporte y la disminución de importación de petróleo”.
El legislador anunció, además, que trabajarán por el rechazo del veto para que este esfuerzo de utilizar la energía paraguaya sea una realidad en corto plazo.
En esta misma línea, el concejal de Asunción Pablo Callizo afirmó que el proyecto ahora vetado se trabajó por años con varias instituciones y fue apoyado por el Congreso. “Por lo visto (Mario Abdo) prefiere seguir importando combustible antes que utilizar la energía eléctrica que producimos”, cuestionó.
La propuesta tenía como objeto establecer un marco normativo que regule la promoción y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo para su uso en el sector público y en la ciudadanía en general.
El documento regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctrico; las competencias institucionales y su estímulo; y dispone exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas públicas para el uso de este sistema como transporte de energía limpia.
Tras darse a conocer la decisión, la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, sostuvo que con la iniciativa se le atribuía al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) atribuciones que tienen hoy otras entidades.
“También con las atribuciones que tiene el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), el MIC (Ministerio de Industria y Comercio), Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces se superpone con esas funciones y es por eso también que se decidió objetar”, afirmó.
Casco agregó que desde la STP, conjuntamente con el MIC y el MOPC, están trabajando en la estrategia nacional de electromovilidad y sugieren que se apruebe por decreto la estrategia y el consejo que forma parte de la gobernanza “para avanzar con una visión integral de mediano y largo plazo considerando que avanzar hacia la electromovilidad es un proceso gradual que nuestro país necesita abordar de manera responsable y amigable”.
Desarrollar la industria automotriz
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, señaló que el veto del Poder Ejecutivo a la ley para la promoción del transporte eléctrico responde al objetivo del Gobierno de desarrollar la industria automotriz en el país como parte de un plan de movilidad eléctrica para el futuro.
«Desde el MIC consideramos fundamental desarrollar la industria automotriz con énfasis en la movilidad eléctrica para el futuro», reafirmó el ministro.
Sin embargo, aseguró que el proyecto sancionado por el Congreso el pasado 1 de junio contempla exoneraciones impositivas y otros estímulos para la importación de vehículos eléctricos, lo que no está alineado con la política del Gobierno de fabricar autopartes y automóviles en el país, indicó.
El ministro adelantó que desde las instituciones involucradas en el proyecto de movilidad eléctrica se presentará un nuevo proyecto al Congreso, en el mes de agosto. Además, durante el mes de julio se recibirá la primera visita de técnicos del Instituto de Tecnología Automotriz de Corea (Katech), con quienes se elaborarán acciones para la transición hacia el uso de energías renovables dentro del sector automotriz.
