Las fuertes críticas y el repudio de la ciudadanía hacia el proyecto de Ley de Resolución de Insolvencia llevaron a la Cámara de Diputados a rechazar ayer por unanimidad (con 80 votos) tal iniciativa presentada en marzo del 2019 por el Poder Ejecutivo, y que ya contaba con media sanción del Senado.
El proyecto ahora vuelve a la Cámara Alta, donde había sido aprobado sin objeciones.
El rotundo rechazo de la Cámara Baja estuvo argumentado en que, con esta ley, lo que se busca es dañar aún más al deudor y trasladar sobre él más costos.
La propuesta posee 360 artículos y con ella se busca reemplazar la Ley Nº 154/1969, “De Quiebras”
Puntos criticados y polémicos
Uno de los puntos del mencionado proyecto que despertó polémica y generó críticas de la ciudadanía es el plazo máximo establecido para que el deudor solicite la convocatoria de acreedores.
El artículo 9 del proyecto de Ley establece que en noventa días, como máximo, luego del segundo incumplimiento de las obligaciones, el deudor deberá solicitar ante un juez la convocatoria de acreedores, la homologación de un acuerdo extrajudicial o quiebra.
En caso de que no se realice dicho proceso en ese determinado tiempo, los acreedores podrán deducir que el deudor ya se encuentra en quiebra.
Efectos de la crisis
Según los datos que saltaron en medio de la polémica generada por la citada iniciativa del Ejecutivo, actualmente – por efecto de la pandemia de COVID-19 – existen cerca de 150.000 empresas con problemas de liquidez y con retraso de más de dos meses en el pago de sus deudas.
Otro punto que también estuvo en debate y bajo cuestionamiento de la ciudadanía fue el costo que se pretende cargar al deudor, trasladando sobre este el pago de los honorarios de los agentes síndicos de quiebras (abogados) y de los auxiliares.
Con el proyecto de ley se plantea que los síndicos de quiebras dejen de percibir el pago del Estado – en concepto de honorarios por calcular el valor de los bienes dentro de un proceso de quiebra – y pasen a ser profesionales independientes, que estarían cobrando entre 1% y 4% sobre el monto del activo (del deudor) estimado por el juez.
Mayor ajuste y socialización
Las posturas de los gremios empresariales no se hicieron esperar. A través de un comunicado, la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) destacó el rechazo del proyecto por la Cámara de Diputados.
El gremio sostiene que la negativa de Diputados garantiza un análisis mucho más profundo de las complejidades, consecuencias e implicancias de la iniciativa en cuestión.
En ese sentido, solicitan a los diferentes sectores “a generar un proceso de diálogo informado y mucho más participativo sobre esta actualización legislativa sumamente necesaria, de manera a entender sus implicancias e incluir las sugerencias necesarias para asegurar que este tipo de medidas favorezcan y ayuden a los emprendedores y mipymes de todo el país”.
Otros gremios empresariales como la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) también se manifestaron esta semana en contra del proyecto de Ley de resolución de insolvencia, dando a conocer sus preocupaciones y cuestionando la falta de socialización.
