El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto Nº 466 por el cual se reglamenta el uso de los dispositivos electrónicos como pulseras, tobilleras u otro medio idóneo similar que pueda ser adherido al cuerpo y permite el control efectivo del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa.
“He promulgado el decreto que reglamenta el uso de tobilleras electrónicas. El combate al crimen es una política de Estado y la abordamos de forma conjunta con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior”, escribió el mandatario en la plataforma “X”.
Añadió que esta medida, entre muchas otras que vendrán, forman parte de su intención de brindar una protección integral a la ciudadanía contra el crimen.
Así también, esta mañana, al ser consultado al respecto, el mandatario explicó que es un tema que por muchísimo tiempo no fue reglamentado y que, de haberse concretado, pudo haber evitado una gran cantidad de feminicidios, que en la actualidad se constituye en una “catástrofe” para la sociedad.
Su aplicación se dará de manera gradual y en su primera fase se utilizarán unos 100 dispositivos electrónicos, declaró este viernes durante su visita al departamento de Paraguarí.
“Después se debe hacer un proceso de contratación y compra de los equipos. La idea es ponerles a aquellas personas que no necesariamente deben estar privadas de su libertad en una penitenciaría, pero que deben tener medidas restrictivas”, comentó el presidente.
En esa misma línea, mencionó que lo que se ha visto a lo largo de las estadísticas en los últimos años, específicamente en el caso de los feminicidios, es que siempre hubo alertas que, de atenderse a tiempo, la cantidad de víctimas fatales pudo haber sido menor.
Supuesto esquema de defraudación
Por otra parte, un total de 6 allanamientos simultáneos, encabezados por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fueron realizados este viernes en Asunción, el departamento Central y Ciudad del Este, en prosecución a la investigación de un supuesto esquema de defraudación, evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos.
La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público por Óscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Según informaron, se trata de un posible esquema de defraudación en la importación de productos electrónicos.
En conferencia de prensa, explicaron que aparentemente se hacía figurar en las documentaciones la importación de repuestos de automóviles, pero en realidad se importaban aparatos celulares de alta gama de costo mayor. Entre otros locales allanados se encuentran una empresa importadora de celulares de alta gama y una empresa de servicio de transporte logístico.
Concretamente, del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi se logró incautar documentaciones, aparatos celulares, equipos informáticos y otros elementos que estarían sujetos a la investigación.
Exponen preocupación sobre actuar de la Conacom
Por otro lado, el asesor jurídico de Bancard, Pedro Ovelar, expuso sus preocupaciones respecto a lo que está pasando con el caso de la procesadora de pagos y el Banco Continental.
Cabe recordar que el 6 de abril del 2021, Bancard anunció públicamente que se vio obligada a rescindir el contrato de prestación de servicios con Banco Continental, previa comunicación anticipada prevista en el contrato (180 días).
Tal decisión se dio considerando que el Banco Continental adquirió en 2018 las acciones de la procesadora Bepsa, que en la actualidad también opera con las licencias de marcas internacionales como VISA y Mastercard.
A raíz de esta situación es que Bancard buscó eliminar cualquier tipo de conflicto de interés existente con el Banco Continental, además de fomentar la libre competencia en el mercado como procesadoras de medios de pago electrónicos, según relata Ovelar.
Desde el punto de vista legal, Banco Continental mantuvo la vigencia del contrato mediante una medida cautelar otorgada en el marco de una acción de amparo, que posteriormente fue revocada, a favor de Bancard.
Ante este hecho, el Banco Continental presentó una acción de inconstitucionalidad y luego solicitó una nueva medida cautelar, pero esta vez ante la Conacom.
Según informó el abogado, Conacom otorgó la medida cautelar y, como consecuencia de ella, Bancard se ve obligada a continuar prestando servicios a Continental, a pesar del evidente conflicto de interés que afecta a Continental al ser propietaria de la principal competidora de Bancard, Bepsa.
Como asesor jurídico de Bancard, Ovelar señala varios hechos que llaman la atención en el caso. El primer punto guarda relación con el miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), Eduardo Barros, quien oficia como uno de los tres jueces en el caso, y con el abogado del Banco Continental, Manuel Arias, del Estudio Jurídico Berkemeyer.
“Es sumamente llamativo que habiendo sido compañeros desde el sexto grado y egresados del mismo colegio y manteniendo una relación de amistad, socialmente conocida, el miembro Barros no se haya apartado proactivamente del caso, como estaba obligado a hacerlo de acuerdo con las normas de la Ley de Defensa de la Competencia”, cuestiona Ovelar.
Añade que ante la inactividad e incumplimiento normativo del miembro Barros, Bancard no tuvo más opción que formular recusación en su contra, para apartarlo del caso, sin que hasta la fecha se haya tenido una resolución.
Señala que otro caso que llama la atención es el del miembro Rolando Díaz, cuyo mandato terminó el 26 de julio de 2023. “La expiración del término de la designación del miembro Rolando Díaz Delgado produce la finalización de su mandato y la cesantía en el cargo”, denuncia el abogado.
“La gravedad de las circunstancias precedentes se acentúa si, además, se considera que al otorgar irregularmente una medida cautelar obligando a Bancard a prestar sus servicios al Banco Continental, el Directorio, con la participación de Eduardo Barros y Rolando Díaz, emitió una opinión anticipada sobre la decisión -desfavorable a Bancard- que adoptará al momento de dictar resolución definitiva”, indica Ovelar.
