El Observatorio del Gasto Público de la organización Desarrollo en Democracia (Dende) realizó una nueva publicación en el marco de su investigación sobre el avance del costo de los salarios en el Estado durante la última década. En esta ocasión, el informe apunta que entre el 2013 y el 2022, los salarios de funcionarios públicos han absorbido el 72% de los ingresos tributarios.
Con respecto a los ingresos totales del fisco, el gasto en salarios ocupó un 51%, según Dende. La nómina de funcionarios públicos es de unas 298.726 personas, cifra que se incrementó un 7% en el mencionado periodo, con incrementos desiguales entre los distintos segmentos.
Las mayores crecimientos se dieron entre la carrera sanitaria y la militar, donde las nóminas crecieron un 96% y un 61% respectivamente. En cifras absolutas, los funcionarios de Salud pasaron de ser 27.785 a 54.577, mientras que los militares pasaron de ser 12.942 a 20.829. También ha tenido un incremento importante la nómina de docentes, que creció un 28% en la última década.
Otros sectores que han crecido considerablemente en la nómina han sido el de conducción superior y conducción política, con 40% y 19% respectivamente.
De acuerdo con estos números, el economista Manuel Alarcón, responsable del Observatorio del Gasto de Dende, mencionó nuevamente la necesidad de mejorar el manejo de los gastos públicos, y no solamente en materia de remuneraciones, sino también en la misma estructura del Estado.
Hizo una especial mención sobre los cargos de “Conducción Política” y de “Conducción Superior”, que han venido aumentando como producto del incremento y/o reorganización de los Organismos y Entidades del Estado, sobre la cual opinó que “no ha sido muy ordenada”.
“Es importante remarcar la diferencia entre los cargos existentes y la cantidad de funcionarios. Los cargos son mayores que el número de empleados públicos, teniendo en cuenta que existen funcionarios con más de una categoría, producto de los multicontratos en el sector sanitario, principalmente. Así como también se han identificado incluso hasta cuatro categorías asignadas a una misma persona”, apunta el informe.
Con respecto a esto, los funcionarios de dos categorías pasaron de ser 11.966 en el 2013, a ser 27.019 para el 2022, mientras que los de tres categorías pasaron de ser 348 a ser 2.187 en el mencionado periodo. Por su parte, también se identificaron funcionarios de cuatro categorías simultáneamente y son alrededor de 34.
Contratos estatales
Por su parte, una investigación realizada por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) da cuenta de que en Paraguay existe una tendencia en la que las compañías proveedoras del Estado obtienen una mejor rentabilidad con sus ventas al Gobierno (con corrupción de por medio) que en sus colocaciones al mercado privado. Esto genera un desincentivo por parte de los emprendedores a competir en el ámbito privado, según las reglas de mercado.
“Empresas con un amplio portfolio de contratos estatales son más proclives a obtener contratos por excepción en un vínculo mediado generalmente por la corrupción. La consecuencia es previsible: los nuevos emprendedores se ven desproporcionadamente incentivados en obtener contratos públicos (por medio de sobornos o financiación política ilegal) antes que invertir en innovación y desarrollo de nuevos productos, lo que desemboca en la reducción de la inversión privada”, apunta un artículo publicado por la revista del Cadep, con firma de Rodrigo Ibarrola.
El mismo artículo menciona que vale como ejemplo de este acaparamiento lo que sucede en los contratos para provisión de seguro médico para funcionarios a diversos organismos y entidades del Estado, donde tres empresas reúnen el 73% del valor total de los contratos adjudicados desde el 2010 en adelante, que al cambio actual equivalen a unos 700,6 millones de dólares.
Incluso, el texto apunta que esto no solo repercute en las empresas nacionales sino también en las multinacionales con sede en el país, ámbito en el cual se ha detectado que hay el doble de probabilidad de recurrir a la captura comparada con las captoras nacionales
“En tanto que las trasnacionales con matriz en el extranjero, sobornan con más frecuencia que las nacionales en lo referente a licitaciones públicas. Es decir, con altos niveles de captura, la inversión extranjera —cuando llega— tiende a exacerbar el problema”, argumenta el artículo.
La solución a esta problemática sería mejorar el marco institucional y político del país, donde se nota la exclusión de medidas básicas que dificultan este tipo de prácticas, hasta el momento.
“En orden de asegurar un sector privado competitivo se recomienda, entre otras cosas, reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios, exenciones o aportes estatales; disminuir las barreras de entrada al comercio; clarificar la composición societaria de las empresas y mejorar las leyes antimonopolio; simplificar los procesos de registro y de obtención de licencias en orden de reducir la excesiva burocracia; reglas claras y simples sobre las fiscalizaciones”, se lee en la publicación.
