El proyecto de ley “De resolución de insolvencia” fue rechazado hoy en el Senado por amplia mayoría, en una sesión extraordinaria en la cual varios legisladores coincidieron en sostener que se “debe dar tranquilidad a la ciudadanía”, según informó la Cámara Alta en un comunicado.
Se trata de una propuesta que había sido presentada por el Poder Ejecutivo en marzo del 2019, fue aprobada sin objeciones en Senadores pero rechazada, ayer, en la Cámara de Diputados. Esto último se dio luego de que se ejerciera una fuerte presión ciudadanía mediante convocatorias a manifestaciones en contra del proyecto y el pronunciamiento de varios gremios.
De esta manera, se remitió el documento al archivo. “Debemos responder al clamor ciudadano, dar tranquilidad a la gente y aceptar el rechazo de Diputados para que vaya al archivo”, indicó el senador Amado Florentín.
La postura fue respaldada por Desirée Masi, quien argumentó que más allá de los aspectos técnicos que podrían haber sido rescatados del documento, una Ley debe traer certidumbre, confianza y credibilidad, características que consideró no son contenidas en este proyecto.
“Es profundamente peligrosa y perjudicial para la ciudadanía”, advirtió, por su parte, el senador Enrique Salyn Buzarquis.
En defensa del proyecto
El senador Fernando Silva Facetti, por otro lado, lamentó que se haya instalado la premisa de que con el proyecto de ley de insolvencia se pretendía que, al caer en dos meses de mora, un deudor podría perder sus inmuebles.
Aseguró que ese no era el espíritu del texto que se vino trabajando desde el 2011 y que el objetivo es modernizar la Ley de quiebras.
“Se instaló eso que si no pagas dos cuotas te rematan la casa y eso no es así; con esta ley tampoco hubiera sido así. La insolvencia es un estado patrimonial en el que ya no podés luego pagar nada y tus activos no cubren tus pasivos, entonces con esto se modernizaba la Ley”, insistió.
Agregó que el documento también pretendía establecer la denominación de “convocatoria”, en la que, mediante acuerdo de partes, se podía renegociar las deudas y proyectar nuevos planes de pagos, sin llegar a instancias legales. Además, aseguró que agregaba transparencia al proceso de quiebra.
Tras escuchar los argumentos a favor y en contra, el Pleno decidió remitir el documento al archivo.
