La Cámara de Senadores aprobó este jueves, a casi un mes de haberse presentado la iniciativa, el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas. A petición de varias comisiones, los legisladores introdujeron modificaciones al documento original propuesto por el gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto.
La nueva entidad absorbe y amplía las funciones propias establecidas previamente en las leyes vigentes asignadas al Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
Para analizar la iniciativa, los senadores convocaron a una sesión extraordinaria que no duró más de una hora. De hecho, estaban sesionando de forma ordinaria y solicitaron un cuarto intermedio para estudiar el proyecto que fue aprobado por capítulos, y no dieron lectura de su contenido ni de las modificaciones que introdujeron.
No obstante, desde el Senado informaron que el proyecto avanzó con las modificaciones introducidas por la Comisión de Legislación. El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y se estima que también será aprobado rápidamente, teniendo en cuenta que el Partido Colorado tiene mayoría en la Cámara Baja.
Según el documento con media sanción, la nueva entidad estará encargada de la planificación, coordinación y conducción de una política de desarrollo económico sostenible para el Estado. Asimismo, tendrá a su cargo la política de gestión de los funcionarios del sector público, del desarrollo organizacional de los organismos y entidades del Estado, así como de la administración de los recursos del mismo.
Uno de los cambios introducidos hace referencia a la representación procesal. En este sentido, la iniciativa señala que el Estado paraguayo, a través de los abogados de la Abogacía del Tesoro y sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, será representado y tendrá intervención procesal en las cuestiones relacionadas con las actuaciones y competencias del Ministerio de Economía y Finanzas.
En este punto se especifica que será en lo relativo a actos administrativos sobre derechos previsionales; la representación procesal de las Direcciones Generales de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario Final, y Catastro, en procesos contenciosos administrativos; cobro de multas establecidas en la ley; y los procesos judiciales de amparos, medidas cautelares y garantías constitucionales.
Por otro lado, otra modificación hace referencia a la reingeniería del capital humano. En este sentido, la propuesta legislativa dice que el MEF podrá disponer la movilidad laboral de los funcionarios, previo análisis del perfil de los mismos, con resguardo de los derechos adquiridos.
“Autorízase al MEF, a los efectos de una mejor utilización de los recursos y para promover la eficiencia en el funcionamiento del Estado, a realizar una reingeniería del capital humano, con carácter de excepción a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes que rigen en la materia y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, para la implementación de un sistema de desvinculación laboral anticipada de los funcionarios de las instituciones que pasarán a formar parte del citado ministerio”, estipula la Ley.
No obstante, dice que estas medidas se aplicarán a aquellos funcionarios que manifiesten su voluntad expresa de acogerse a ellas.
Legisladores opositores, en contra de la aprobación
Durante el breve debate, los parlamentarios de la oposición Esperanza Martínez, Kattya González , Yolanda Paredes, Rafael Filizzola y José Oviedo se opusieron al proyecto. Incluso, aseguraron que no es cierto que con la iniciativa se ahorrará, ya que en ninguna parte de la ley se habla de ese punto.
El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, sostuvo de hecho que el programa económico del nuevo Gobierno de hacer una reingeniería del sector público no representa una reducción de costos, por lo menos en el corto plazo.
“Una reingeniería en el sector público implica cambiar la Ley del funcionario público, para que sea más rápida. La única forma de echarle a un funcionario es a través de un sumario que normalmente se abre porque no marcó tarjeta”, explicó, tras una reunión que mantuvieron las autoridades económicas designadas para el próximo Gobierno con directivos de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
El economista mencionó que se necesita realizar un proceso de equiparación laboral del sector público al sector privado, pero que esos procesos no son fáciles. “No se cambia la economía por leyes, la ley es una plataforma que te ayuda a iniciar un proceso para generar una transformación profunda de largo plazo”, señaló.
Ferreira manifestó que a su criterio son legítimas las intenciones y las gestiones que está haciendo la futura administración para tratar de generar cambios, pero que no están claros cómo se van a afrontar cuestiones más urgentes como la convergencia al orden fiscal y el mejoramiento de la calidad del gasto público.
“Yo entiendo la reorganización del Estado, me parece bien, pero creo que hay problemas de corto plazo que también hay que encararlos y hay que trabajarlos”, enfatizó.
