Las dificultades que generaron en el mercado laboral la pandemia de COVID-19 y las medidas implementadas para frenar la propagación del virus en el país resultaron en un total de 93.895 trabajadores formales del sector privado que fueron suspendidos en sus empleos.
Estos datos figuran en los registros del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), hasta el 18 de junio del 2020, y fueron recogidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “Panorama Laboral en los tiempos de la COVID-19”.
El reporte destaca que la incidencia de los empleos suspendidos en la masa de trabajo formal del país llega así a 18,5%. Agrega que esta acción ha contribuido a que no se experimente un despido masivo de empleados como consecuencia de la suspensión de actividades que implicó el cumplimiento de las restricciones a la movilidad social.
De hecho, la OIT califica como “sorprendente” el hecho de que en un contexto de contracción de la demanda de productos y servicios, el número de salidas en el sector formal haya tenido una caída de -14% entre abril del 2019 y abril del 2020. Este procedimiento se incrementó en 13% en mayo, pero volvió a reducirse en -31% en junio.
“A diferencia de un despido, que podría ocasionar la obligación de pagar una indemnización al trabajador por parte del empleador, la suspensión no exige este requisito al empleador, ya que el Instituto de Previsión Social subsidia parte del ingreso que dejan de percibir los trabajadores”, explica la OIT, entre las posibles causas de la mencionada caída observada en los despidos de personal.
Agrega que la menor incidencia de bajas en el empleo formal también se debe a una compensación sectorial: las bajas aumentaron en el sector alojamiento y servicio de comidas, comercio, enseñanza e industrias; pero disminuyeron de manera significativa en el sector primario, servicios financieros y no financieros, y otros sectores.
Incidencia en los sectores
Las suspensiones de contratos de trabajo se dieron en todos los sectores económicos. El mayor impacto se observó en los servicios comunales, personales y sociales, con una incidencia de 20,9% respecto a los trabajadores formales totales; en segundo lugar se encuentran las actividades de comercio, restaurantes y hoteles, con suspensiones que alcanzaron al 19,8% del empleo formal.
Las industrias manufactureras también exhibieron una elevada participación en este procedimiento (13%); mientras que en la construcción y transporte, almacenamiento y comunicaciones se dio un impacto más moderado, de 15,5% y 10,7%, respectivamente.
Un efecto muy menor se vio en finanzas, seguros e inmuebles, y en la producción agropecuaria, donde la incidencia de las suspensiones de empleo estuvo en torno al 2%. En el sector de electricidad, gas y agua, por su parte, tuvo una casi nula incidencia, de apenas 0,5%.
“Los sectores más afectados son aquellos clasificados por la OIT como de alto riesgo frente a la crisis por COVID-19. De los 93.895 empleos suspendidos, en 66.483 casos (70,8%) la suspensión había vencido hasta el 30 de junio 2020. Sin embargo, por limitaciones en la información estadística, no se puede determinar cuántos casos de suspensiones terminaron con la reincorporación al empleo, o cuántos de estos empleos se podrían finalmente haber perdido por despidos posteriores y cierres de empresas”, aclara el organismo.
