El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, denunció que en la fecha la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), por orden judicial, está realizando la entrega de productos (varillones de acero) que en el 2016 habían sido comisados como contrabando.
Además, según Duarte, estos insumos de la construcción no cumplen con las normas exigidas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
De acuerdo con un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el caso se trata del juicio «Casa Península S.R.L c/ Dirección Nacional de Aduanas y Aduana Empedril S.A. s/ demanda de reivindicación de cosa mueble».
En el año 2016, la DNA había comisado un contenedor con 953.765.000 kilos de productos varillones de acero, distribuidos en 436 bultos, presumiblemente de contrabando. Estos productos se hallaban depositados en el Puerto San José – Empedril S.A.
El presidente de la UIP explicó que el INTN determinó que estos productos no son aptos para la construcción, ya que están con alto nivel de corrosión, “lo cual sin duda también va a ser un peligro para la construcción civil”, advirtió.
“Desde el 2016 estaban varados y ahora el juez competente autorizó la entrega de esos productos. Esto es un golpe fuerte sobre toda la gente que trabaja contra la informalidad, es un golpe fuerte a toda esa gente honesta, seria, que trabaja por un país mejor, y sin ninguna duda es un golpe fuerte también para las arcas del Estado”, afirmó Duarte.
Legislación especial para combatir el contrabando
El titular del citado gremio industrial participó hoy, junto con otras autoridades, de la reunión organizada por la Comisión Permanente del Congreso para estudiar modificaciones a la legislación vigente en materia de lucha contra el contrabando.
En este sentido, Duarte señaló que han consensuado que lo más conveniente sería trabajar sobre una ley específica que esté por encima de cartas orgánicas de instituciones para generar una lucha frontal contra el contrabando. Añadió que es fundamental la alianza del Congreso y que satisface que la Comisión Permanente esté liderando la reunión.
Agregó que se busca generar un marco legal claro para luchar contra este flagelo, que se tenga penas duras y evitar que sea tratado de inconstitucional.
Por su parte, la senadora Lilian Samaniego (ANR), presidenta de la mencionada Comisión, explicó que buscan una ley especial, moderna y consensuada entre todos los sectores, sean estos públicos o privados.
“Lo importante es contar con una herramienta cuanto antes para combatir este flagelo”, remarcó. Asimismo, manifestó la predisposición de la Comisión Permanente de convocar a mesas de trabajo interinstitucionales, para llevar adelante las sugerencias y experiencias para el proyecto de ley.
Igualmente, indicó que corresponde darle celeridad al tema y adelantó que solicitarán convocar a una cumbre de poderes, con el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Una vez consensuada la propuesta de ley, se llevará adelante la convocatoria al Poder Legislativo para aprobar. En ese sentido, la legisladora indicó que se propone en la legislación endurecer las penas y cerrar los locales que comercialicen con productos ilegales. “Nosotros demostramos, con esto, la predisposición del trabajo conjunto que va a permitir salir de este tema”, sostuvo.
A su turno, el senador Arnaldo Franco, presidente de la Comisión Especial de seguimiento al combate del contrabando de productos industrializados y frutihortícolas, manifestó que se debe buscar la salida y anunció que acompañará este proceso. “Es un trabajo que no debe parar, el apoyo del sector privado y de las autoridades es importante para seguir avanzando en esta lucha”, expresó.
