Paraguay, al igual que otros países, pasa por un delicado momento en lo económico y social, como consecuencia de la pandemia y la falta de un proceso de inmunización masiva mediante vacunas contra el COVID-19.
En este contexto, ya comienza a preocupar lo que será el futuro del país y qué es lo que nos espera en el “Paraguay post-pandemia”, con el empeoramiento de problemas históricos.
La informalidad y la mala conducción del gasto público son problemáticas que se arrastran en el país desde hace muchos años. Sin embargo, la pandemia evidenció mucho más la dimensión del problema que representa esto para el país, en el poder adquisitivo, la formalización y la pobreza, según opinó Martín Burt, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya.
Burt puntualizó, durante un conversatorio con periodistas, que nuestro país está en un punto en que necesita comenzar a discutir temas de cara al futuro, y marcó especialmente el problema del presupuesto público como una de las aristas fundamentales que incluso pone en riesgo los fundamentos macroeconómicos de nuestro país.
Apuntó que el déficit del presupuesto público continuará por un tiempo más, especialmente en el sector de la Salud, y habrá que ver cuáles son los canales básicos para poder financiar el presupuesto deficitario por un par de años más. De hecho, el Ministerio de Hacienda prevé volver a la regla del 1,5% sobre el PIB recién en el 2024.
Ante esto, surgen pocas posibilidades, como la continuidad de la colocación de deuda; o canales más radicales, como el incremento de impuestos o la impresión de dinero, lo que traería otro tipo de problemas como protestas sociales ante el mal uso del dinero público, por un lado, e inflación por el otro, al poner en circulación una cantidad excesiva de liquidez.
“Hay que ver qué se va a tener que hacer para financiar el presupuesto del Ministerio de Salud, la suba de impuestos puede ser directa o inflacionaria imprimiendo billetes. La inflación es el impuesto popular porque resta poder adquisitivo a las personas y el gasto público va a ocasionar problemas”, puntualizó.
Agregó que los países que están ya en vía de recuperación de la pandemia, a diferencia de Paraguay, tienen un plan de vacunación que progresa rápidamente y un sistema de salud adaptado a las necesidades del momento. Apuntó que el problema del Gobierno es de fondo y de forma, por su incapacidad y por su falta de empatía ante el sufrimiento de las familias paraguayas.
Dijo que, en este contexto, más allá de las estadísticas, no solo se está generando una regresión hacia la informalidad y generando un presupuesto deficitario insostenible, sino que en el interín se deteriora la calidad de vida de las personas que, por ejemplo, en muchos casos han dejado de poder pagar un alquiler propio para volver al hogar paterno generando un hacinamiento.
“Lo que va a pasar es que las empresas formales van a sentir una gran presión tributaria, y de hecho la UIP (Unión Industrial Paraguaya) dice que hoy en día hay más contrabando que antes. Los que hoy optan por la formalización tienen competencia desleal”, dijo, agregando que una suba de los impuestos es imposible por la falta de credibilidad que tiene el sector público actualmente.
Al ser consultado sobre qué es lo que se puede esperar para el país desde el punto de vista de la Fundación, dijo que en el corto plazo la situación es muy compleja ante un sistema de salud pública totalmente destrozado y que, en todo caso, la recuperación será muy difícil, más allá de la electricidad, la carne y la soja, que son rubros que de alguna manera podrán mitigar el impacto de la crisis.
Gasto público
Por su parte, el Gobierno presentó un proyecto de ley denominado “De Consolidación Económica y Contención Social”, el cual tendrá un fuerte componente de contención del gasto.
Para el efecto, se establece la suspensión de aumentos salariales en la función pública, nuevos nombramientos, promociones y contrataciones, así como la prohibición de equipos de transporte y servicios de catering, según explicó Iván Haas, titular de la Subsecretaría de Economía.
Recordó que el plan representa unos USD 365 millones, con los que se busca asegurar recursos para programas ya vigentes dentro del Presupuesto General de la Nación 2021 y, adicionalmente, para otras nuevas medidas. Precisó que se destinarán USD 45 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) para proseguir con el pago a trabajadores suspendidos hasta el mes de diciembre.
Asimismo, se plantea la exoneración del 50% del consumo de ANDE y ESSAP por seis meses para los sectores gastronómicos, eventos, turismo, hoteles y servicios, incluyendo a los trabajadores formales de la Ley de Subsidio de Frontera.
