El presidente Santiago Peña promulgó el viernes la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2024. El documento firmado en el último día hábil del año, es el resultado de un trabajo coordinado con importantes sectores del Congreso, a quienes el mandatario agradeció el apoyo.
En un video difundido a través de sus redes sociales, aseguró que al margen de buscar un presupuesto equilibrado y sin discrecionalidad, este presupuesto garantiza los fondos necesarios para cumplir objetivos en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y otros.
Además, dijo que incluye ajustes que marcan el inicio de un proceso que busca recuperar en pocos años los estándares establecidos en la ley de responsabilidad fiscal que había sido dejado de lado durante los últimos 5 años.
El mandatario invitó a que en este año que inicia, se renueve el compromiso de trabajar unidos para llevar al país hacia adelante.
Ingresos y gastos para este año
Cabe recordar que el plan de gastos para este año asciende a un total de G. 116,5 billones, (10,6% más que el presupuesto del 2023) de los cuales G. 65,5 billones corresponden a la Administración Central y G. 51,03 billones, a entidades descentralizadas.
Según los cálculos del Ejecutivo, los ingresos tributarios alcanzarán un total de G. 34,4 billones (unos USD 4.721 millones al tipo de cambio actual). Este monto representa un crecimiento nominal de G. 2,091 billones y una variación porcentual positiva del 6% en relación con la estimación de cierre para el 2023.
La mayor parte se prevé recaudar con los impuestos internos sobre bienes y servicios, con un total de G. 21,2 billones. Dentro de esto, la mayor participación, según calcula el Ejecutivo, la tendrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que lograría recaudar G. 17,7 billones; seguido por el Impuesto Selectivo al Consumo de Combustibles Derivados del Petróleo, con un total de G. 2,1 billones.
La recaudación impositiva en el 2024 registraría un aumento del 8,5% con respecto a la estimación de cierre para el 2023. De esta manera, la presión tributaria se mantendría en torno al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en el próximo año.
Según los cálculos, por cada G. 100 de ingresos tributarios, G. 69 se destinarán al pago de servicios personales, es decir, a los salarios de los funcionarios públicos.
De este total, el 52% irán para Salud y Educación; 21%, a seguridad; 9%, para el Poder Judicial y Organismos auxiliares de Justicia; 8%, a Otros Organismos y Entidades del Estado de la Administración Central; 2% para el Poder Legislativo y 8% a Entidades Descentralizadas.
