Por: Oscar Arévalos, Espacio Económico.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito causan anualmente la muerte de aproximadamente 1,25 millones de personas en todo el mundo. Las lesiones provocadas por estos accidentes son la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años de edad.
A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos concentran aproximadamente la mitad de los vehículos del mundo, más del 90% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito ocurren en estos países (OMS, 2023).
Esta problemática es particularmente grave en América Latina y el Caribe (ALC), donde los accidentes de tránsito representan un costo significativo, tanto humano como económico.
En la región, cinco países, incluyendo Paraguay, no exigen a los propietarios de vehículos particulares contar con un seguro obligatorio para proteger a terceros en caso de accidentes.
Esta carencia de políticas sobre seguros vehiculares obligatorios genera una presión significativa sobre los sistemas de salud pública, que deben absorber los costos derivados de la atención a las víctimas de siniestros viales (Banco Mundial, 2023).
En Paraguay, los accidentes de tránsito experimentan un incremento notable en la última década, duplicándose entre los años 2001 y 2010, debido principalmente al aumento del uso de motocicletas, que al año 2016 ya representaban el 41% de los siniestros viales (MSPBS, 2016).
Según un estudio realizado en el Hospital de Trauma Manuel Giagni, el grupo más afectado es el de jóvenes de 15 a 29 años, lo que refleja la vulnerabilidad de esta población ante la falta de un seguro obligatorio que cubra sus necesidades médicas en caso de accidentes (MSPBS, 2016).
Si bien existe la ley N° 750/61, que obliga a los empresarios del transporte a contratar seguros para pasajeros, esta legislación no cubre al resto de las víctimas, como peatones, motociclistas y conductores particulares.
En casos de siniestros, estas personas enfrentan gastos médicos elevados que, en muchos casos, resultan en endeudamiento o campañas a beneficio para cubrir tratamientos. La falta de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) deja vulnerable a gran parte de la población ante estos riesgos financieros.
LA PROBLEMÁTICA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN PARAGUAY
El boletín estadístico de siniestralidad vial, emitido por la Agencia Nacional de Transporte y Seguridad Vial (ANTSV), reveló que en el primer trimestre de 2024 se contabilizaron 297 fallecidos por accidentes de tránsito, lo que representó un aumento del 19,8% en comparación con el año anterior.
Así mismo, se registraron también 1.797 personas lesionadas, generando un incremento del 17,3% respecto a 2023 (ANTSV, 2024). Estos siniestros no solo tienen un costo humano devastador, sino que además representan erogaciones significativas para el Estado.
En Paraguay, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es de 22 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región. Esto impacta de manera directa en la productividad del país, ya que la mayoría de las víctimas se encuentran en el rango de edad de 18 a 29 años, es decir, población económicamente activa (Banco Mundial, 2023).
Los costos asociados a la atención médica y rehabilitación de estas víctimas recaen casi en su totalidad sobre el sistema de salud pública, lo que incrementa la carga financiera para el Estado y afecta la capacidad de respuesta ante otros problemas de salud.
IMPACTO ECONÓMICO DE LA FALTA DE UN SOAT
El costo económico de los accidentes de tránsito en Paraguay representa un 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Banco Mundial (Banco Mundial, 2018), en contraste con otros países de la región que cuentan con un sistema de seguro obligatorio, y que han logrado reducir significativamente los costos que asume el Estado para la atención de víctimas.
Esto se debe a que el SOAT cubre los gastos médicos inmediatos y garantiza que los ciudadanos no queden desprotegidos financieramente ante accidentes viales.
En Paraguay, la implementación de un SOAT podría representar un alivio considerable para el sistema de salud pública, reduciendo los costos que el Estado debe absorber por la atención médica de víctimas de accidentes.
Según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el tratamiento de un motociclista grave en terapia intensiva le cuesta al Estado unos G. 300 millones (MSPBS, 2023). Este tipo de gastos recurrentes podrían ser mitigados con un seguro obligatorio.
Implementar medidas efectivas de seguridad vial, como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tiene el potencial no solo de salvar vidas sino también de fortalecer la economía.
Un estudio del Banco Mundial revela que las naciones de ingresos bajos y medios podrían experimentar incrementos significativos en su PIB per cápita a largo plazo, si logran reducir la incidencia de muertes y lesiones en las carreteras.
Según este informe, una disminución en estos accidentes podría resultar en un aumento del PIB per cápita de hasta un 22% en un período de 24 años, subrayando la conexión directa entre la seguridad vial y el crecimiento económico sostenible (Banco Mundial, 2018).
En otros países de la región, como Argentina y Brasil, el seguro obligatorio también contribuye a la reducción de costos para el Estado y mejora el acceso de las víctimas a tratamientos médicos inmediatos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023).
La experiencia de otros países de ALC en donde el SOAT ha sido aplicado, podría servir de modelo para asegurar los tratamientos médicos sin sobrecargar los recursos estatales, y mejorar simultáneamente la protección individual frente a riesgos viales.
Paraguay realiza avances significativos en temas de inclusión y educación financiera, destacando la importancia de fomentar una cultura del ahorro. Sin embargo, es fundamental ampliar estas políticas para incluir la promoción de la cultura del seguro, considerándolos no sólo como una inversión, sino como un respaldo esencial ante posibles contingencias, especialmente en un contexto donde las estadísticas de accidentes de tránsito son alarmantemente altas.
La promoción activa de esta cultura aseguradora no solo facilita la aceptación del SOAT, sino que también enriquece el diálogo público sobre su implementación. En sus intentos anteriores, la propuesta enfrentó resistencia, principalmente debido a percepciones que lo catalogan como un gasto innecesario.
Combatir esta percepción mediante la educación y la sensibilización podría transformar profundamente la aceptación del seguro en la sociedad, ya que adoptar un SOAT en Paraguay es urgente y necesario.
