El viceministro de Economía, Iván Haas, informó en conferencia de prensa que ayer fue remitido al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social, que prevé varias medidas para los sectores cuyos ingresos siguen afectados por la pandemia.
A través de esta iniciativa, se prevé destinar USD 8 millones a la exoneración en un 50% del pago por consumo de energía eléctrica y agua, por seis meses.
Así también, contempla la creación de un fondo fiduciario a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), con un capital de USD 20 millones para sectores específicos.
Mediante el citado fondo, se estima otorgar más de 1.000 créditos para los sectores gastronómicos, eventos, turismo, hoteles y servicios. Para las Micro y Pequeñas Empresas, se estima un total de USD 13,5 millones -que beneficiaría a unas 700 empresas-; para los Independientes, USD 1,5 millones; y para las Medianas Empresas, USD 5 millones.
La Ley establece, además, destinar USD 3 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la entrega kits de alimentos para los trabajadores y familias más vulnerables. La normativa también busca fortalecer con USD 25 millones al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), para acceso a más financiamiento a los sectores más vulnerables.
Además, plantea fondear al Instituto de Previsión Social (IPS) con USD 45 millones, para el pago de subsidio a trabajadores suspendidos, en aislamiento o reposo por COVID-19.
Subsidio de Frontera
Por otra parte, las autoridades de Hacienda informaron que el subsidio de frontera benefició a 25.000 trabajadores formales e informales y que, con la modificación del Decreto Reglamentario, fueron incorporados unos 4.500 nuevos beneficiarios.
Recordaron que unas 132.000 se registraron inicialmente para recibir el subsidio establecido en la Ley N° 6720/2021, pero que finalmente son 25.000 las personas beneficiadas de las 16 ciudades fronterizas con Argentina.
El viceministro Haas manifestó que cerca de 300 personas deberán devolver el monto acreditado. Señaló que 0,2% es el margen de error, muy inferior desde el punto de vista de cruzamiento de datos.
Por su parte, Juan José Galeano, director de Estudios Económicos, dijo que, de esa cantidad, el 87% corresponde a personas con ingresos superiores a los límites establecidos en el Decreto Reglamentario.
En esta misma línea, el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche indicó que casi el 90% de los casos de bloqueo pertenece a personas que superan el límite promedio de tres salarios mínimos, de acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Por otra parte, el director de Estudios Económicos mencionó que para los trabajadores formales fueron asignados USD 2,1 millones, en tanto que los desembolsos para los trabajadores informales ascendieron a USD 2,8 millones.
Instan a acelerar el retorno a la regla fiscal
Por otra parte, cabe mencionar que según la última Nota Macro Trimestral de Basanomics, la situación fiscal se va ajustando rápidamente, principalmente como consecuencia de un significativo incremento de los ingresos tributarios.
Recuerda que el déficit acumulado de doce meses cerró a finales de mayo en un monto equivalente al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto representa un ajuste de 2 puntos porcentuales relativo al cierre deficitario del 6,1% del PIB en diciembre del 2020.
El informe de Basanomics destaca los resultados favorables que se tuvo en términos de ingresos en los primeros cinco meses del año y estiman que el desbalance de las cuentas públicas a fines del 2021 debería ubicarse cómodamente entre 3% y 3,5% del PIB.
No obstante, dicho resultado depende en gran medida de que el Gobierno muestre una férrea voluntad de seguir manteniendo un estricto control de los gastos.
Añade que la situación fiscal está estresada y urge que el Gobierno defina el marco fiscal de mediano plazo, con una convergencia más acelerada del déficit al límite de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Enfatizan en que las autoridades deben demostrar un compromiso para aplicar políticas fiscales creíbles y sostenibles a mediano plazo una vez que haya concluido la pandemia.
En esta línea mencionan que se necesita de un plan, cuyo objetivo sea reconstruir los márgenes de maniobra de la política fiscal en un plazo prudencial.
“Consideramos que una convergencia en 4 años al límite máximo de déficit establecido en la LRF no cumple con ese criterio de prudencia y que el ritmo de normalización de la política fiscal debe acelerarse”, concluye el informe de Basanomics.
