La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, por supuestas irregularidades en la gestión de fondos provenientes de la Ley N°6641/20 y asignados a la Gobernación del Departamento Central.
En una conferencia de prensa, el titular de la SENAC, René Fernández, explicó que iniciaron una investigación respecto a la rendición de cuentas presentada por la Gobernación a raíz de la detección de inconsistencias.
“Principalmente se basan en supuestos gastos realizados que aparentemente corresponden a proveedores que tendrían locales que no pudieron ser ubicados o facturas falsificadas o apócrifas”, aseguró.
Añadió que el Poder Ejecutivo, junto con la SENAC, había iniciado una auditoría especial a la citada Gobernación, para la verificación de la documentación que hace a la rendición de cuentas de la ejecución del fondo designado por Ley Nº 6641/20. En paralelo también lo hizo la SET, debido a denuncias recibidas de contribuyentes afectados.
Esto se efectuó atendiendo también a publicaciones de la prensa, que denunciaron el uso de supuestas facturas falsas para justificar los pagos en el manejo de fondos para los proyectos.
Por su parte, el titular de la SET, Oscar Orué, indicó que la auditoría continúa porque aún no se está juzgando si se realizaron o no las prestaciones de servicios, sino se está viendo un cambio de documentación en las rendiciones de cuentas.
Manifestó también que el Gobierno está muy preocupado porque es un caso que tiene que ver con los fondos que se han recibido en concepto de préstamos para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Fondos para Gobernaciones
Es importante mencionar que la Ley 6526/20 de Emergencia Nacional por COVID-19 estableció que las gobernaciones (entre ellas la del Departamento Central) reciban USD 1 millón para hacer frente a la emergencia sanitaria y las consecuencias sociales y económicas causadas por la enfermedad.
En este sentido, para realizar el trabajo previsto en la ley, la Gobernación de Central firmó un convenio con la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), en fecha 18 de noviembre de 2020, con el fin de elaborar, implementar y ejecutar planes, proyectos y programas de acción con el fin de promover, apoyar y desarrollar acciones que favorezcan a la comunidad.
La Gobernación de Central presentó su rendición de cuentas -dos grupos de documentos contables que sustentan los gastos realizados-, pero con contenido distinto y proveniente de proveedores diferentes.
También se verificaron inconsistencias de diversa naturaleza, lo cual abona la sospecha de la existencia de un mal uso de los fondos recibidos.
El ministro de la SENAC dijo que los supuestos hechos punibles aludidos en la denuncia son: lesión de confianza, declaración falsa, manipulación de graficaciones técnicas, producción de documentos no auténticos, y frustración de la persecución y ejecución penal.
Los denunciantes solicitaron al Ministerio Público que el caso sea investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos.
