Nadie puede negar que al proclamado nuevo presidente de la República, Santiago Peña, que asumirá su mandato el próximo 15 de agosto, le espera numerosos desafíos que deberá afrontar con acciones concretas en pos de un mayor bienestar de las personas que habitan en Paraguay.
En los últimos cuatro años nuestro país ha transitado por shock sucesivo como la sequía y la pandemia del COVID-19, que afectaron de manera importante a los sectores económicos y a su vez obligaron a que se lleven adelante medidas que deterioraron las cuentas fiscales. Ante esta premisa, la consulta Mentu elaboró un resumen de los “puntos críticos que deberá considerar el nuevo gobierno”.
Estrategia para lograr mayor estabilidad
Primeramente, menciona que el nuevo gobierno iniciará su mandato con vientos favorables, ya que para este año se prevé un crecimiento del 4,5%, gracias a la buena producción del sector agrícola. No obstante, advierte Mentu, que el modelo agroexportador está llegando a niveles de crecimiento orgánico y según organismos internacionales, la economía paraguaya crecería 3,5% en los próximos años, por debajo de sus promedios de quinquenios anteriores.
La consulta detalla que el crecimiento económico paraguayo depende de factores externos sobre los que no se tiene incidencia como el clima o los ingresos por producción que dependen de los precios internacionales. Ante esto, recomienda que se empiece a adoptar una estrategia país que le otorgue mayor estabilidad, identifique los futuros sectores dinamizadores de la economía y propicie el crecimiento de sectores diversos, así como también desarrolle la capacidad de producir bienes y servicios con una mayor eficiencia y productividad.
Controlar la inflación y cuidar las inversiones
Otro de los puntos que debe ser atendido por el nuevo gobierno es la suba de los precios, ya que se estima que la inflación seguirá en niveles elevados durante el año a raíz de la incertidumbre a nivel mundial y la presión sobre los precios externos. Si bien se están llevando medidas en este sentido, a criterio de Mentu, no son suficientes.
Explica que para controlar la inflación y evitar la fuga de capitales, el Banco Central del Paraguay (BCP) mantendría su tasa referencial alta, con un costo que evaluar: el encarecimiento de la financiación, y, por ende, el retraso de la inversión necesaria para acumular capital humano y físico.
En este sentido, recomienda un ajuste fiscal que reduzca los gastos superfluos y mantenga aquellos realmente necesarios para generar condiciones para los negocios y la actividad (infraestructura, gobierno digital, conectividad a internet) así como los de la política social: salud, educación, entre otros.
Reducir el déficit fiscal
El importante saldo rojo en las cuentas fiscales representa otro gran desafío. Sobre esto, la consultora detalla que el 2023 sería el decimosegundo año consecutivo de déficit fiscal, los gastos rígidos constituyen parte relevante del total y dejan escaso espacio para lo fundamental: inversiones económicas y sociales.
Ante la necesidad de disminuir el déficit fiscal, reducir las contrataciones y gastos innecesarios, reestructurar el servicio público, a modo de agilizar y mejorar la calidad de los servicios prestados, son algunas de las recomendaciones de Mentu. Además de aumentar la progresividad de los impuestos, con instrumentos como el impuesto al patrimonio, a la renta, y formalizar en especial a las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) para consolidar sus capacidades.
Deuda pública
La deuda pública está en aumento y parte importante de los recursos obtenidos se destinan a pagar deudas pasadas. A marzo, los compromisos del estado paraguayo representaban el 37,1% del PIB y la deuda per cápita había ascendido a USD 2020,7. Esto significa que en promedio los paraguayos soportan una carga que es aproximadamente el doble a la del 2018.
En este punto, la consultora aclara que si bien comparado con otros países, el ratio deuda/PIB es bajo, cabe analizar la viabilidad de seguir aumentando la deuda sin que la misma sea destinada a usos que generen condiciones para un crecimiento sostenible e inclusivo. Además, no es sostenible transferir a generaciones futuras las debilidades presentes.
Formalidad e imagen país
Para lograr el anhelado grado de inversión es necesario que se mejoren la institucionalidad que incide en la imagen país: los inversionistas prefieren países que garanticen el cumplimiento de las reglas de juego. Así también, el grado de informalidad es considerado al momento de invertir.
A esto se suma la corrupción (Paraguay ocupa el puesto 137 de 180 países y es el penúltimo en Sudamérica según el índice de percepción de la corrupción) y la lentitud burocrática. Estos factores hacen que los inversionistas prefieran invertir en otros países más seguros, pese a que en la actualidad el EMBI (diferencial que se paga sobre los bonos del tesoro de EE.UU.) de Paraguay es 2,3%, uno de los más bajos de América Latina.
“El nuevo Gobierno debería transmitir la imagen de que será ordenado, predecible e independiente, así como también de que será capaz de construir alianzas para implementar políticas, a modo de que el riesgo país no suba y sirva de atractivo para radicar inversiones”, dice Mentu.
Calidad del empleo
La citada consultora señala que el empleo informal que coloca en una situación vulnerable a las personas afecta a 6 de cada 10 paraguayos, por lo que es necesario generar empleos de calidad. Las limitadas capacidades de las personas inciden en estos resultados, por lo que la política social, sobre todo la orientada a salud y educación, es clave. Así también, se requieren políticas que incentiven la creación de empleos decentes.
Además, también se requieren políticas que potencien el desarrollo de capacidades de las personas para obtener mejores ingresos, faciliten el acceso a la financiación de emprendimientos y/o inversión en educación, vivienda, etc.
Otro punto a ser atendido por el nuevo mandatario es la pobreza, sobre todo la extrema, que profundiza desigualdades, limita las oportunidades y no permite el desarrollo integral de las personas. “Ese debería ser el objetivo de los programas de protección social, que son fundamentales, sobre todo aquellos orientados a la primera infancia: nutrición, estimulación temprana, entre otros, además de salud y educación inicial universal”, señala Mentu.
Salud y Educación
En Paraguay, el gasto público en salud per cápita fue de USD 178,7 en el 2019 según el Banco Mundial, mientras que el privado fue de USD 209,7 y el gasto de bolsillo alcanzó USD 162. Esto implica que es necesario destinar más recursos que el 4,2% del PIB a la salud y sobre todo, hacer un uso más eficiente de los mismos.
Por otra parte, Mentu hace hincapié en que la educación debe ser pública, ya que eso implica generar oportunidades iguales para todos. También es innegable que la oferta educativa debe cambiar: su distribución en el territorio, su pertinencia, su tecnología. Debe innovar y captar a las personas más capaces para ser docentes.
“Si no se inicia el proceso de mejora de la educación, perderemos el bono demográfico, entendido como el plus que pueda dar la población joven que se irá incorporando a la PEA (Población Económicamente Activa)”, alerta Mentu.
Una negociación transparente de Itaipú
Algo que sin duda marcará al nuevo Gobierno es Itaipú, ya que se encargará de renegociar el anexo C. Según la consultora, existen dos opciones no necesariamente excluyentes entre sí: mirar la utilidad deseada de una empresa de nuestra propiedad o mirar el precio al que se vende la energía eléctrica. Además, deberían considerarse las inversiones necesarias para operar, mantener y hacer sostenible en el tiempo (infinito) la producción de energía limpia y la expansión tecnológica.
Mentu asegura que Itaipú puede contribuir al desarrollo, ya sea con energía barata, ya sea con royalties orientados al desarrollo, por lo que las prioridades para el desarrollo deberían guiar las negociaciones, en las que debe primar la transparencia sobre lo ya acordado en todas las etapas del proceso.
