Paraguay y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) siempre han trabajado en conjunto en el desarrollo y la ejecución de planes estratégicos para mantener al país lo más lejos posible de la “lista gris”. La evaluación se realizó en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat, que se desarrolló del 23 de agosto al 3 de septiembre del 2021.
Con el organismo tenemos un compromiso de diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad para la aplicación de las políticas de prevención ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), que son fundamentales para el orden económico y financiero del país. Se está transitando un escenario de constantes cambios y adecuaciones para mitigar los riesgos de estos flagelos.
Si bien el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, señaló que el país aprobó con “suficiencia” la evaluación de Gafilat, este organismo continuará monitoreando al país. Esta evaluación se enfocó en las instituciones y agentes financieros del Paraguay para el combate al financiamiento de actividades ilícitas como el tráfico de arma, drogas y terrorismo, y también evalúa el combate al lavado de dinero.
Paraguay ingresa ahora al estatus de “seguimiento intensificado” por parte del Gafilat, lo que implica que se deberán presentar informes periódicos sobre los avances que se vayan obteniendo para superar las deficiencias detectadas en la Evaluación Mutua.
La evaluación final del Gafilat contiene 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, que son acciones que debe realizar el país para continuar con buenas calificaciones y evitar el empeoramiento de nuestra posición país.
Las 40 recomendaciones son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas incluyen medidas financieras, legales y de conducta que como país debemos llevar adelante; la mayoría de las acciones están basadas en instrumentos legales internacionales y medidas de cumplimiento no solo para el sector público, sino también al privado.
Una de las implicancias por las cuales estamos bajo la lupa aún es que las vigentes normas de Gafilat no pueden ser debidamente cumplidas en varios países, como Paraguay, porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para la lucha contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional persiguen fines e intereses creados por los partidos políticos.
Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público no son independientes entre sí. Por otro lado, las praxis de estas instituciones dejan mucho que desear, hay buenas intenciones pero no se cuenta con suficientes presupuestos ni personal especializado que permitan tener las normas en vigencia.
El incumplimiento de la norma de Gafilat tendrá un impacto significativo para los sectores públicos y privados junto a las organizaciones de la sociedad civil y la población en sí, afectará en el ámbito financiero y en las negociaciones internacionales.
El día que el país sea considerado riesgoso y asociado a la falta de transparencia en varias actividades llevará al deterioro de su imagen y puede ser tipificado como no cooperante. Esto derivará en cierre de cuentas a operadores de remesas, limitaciones al cambio de divisas, líneas de crédito y más.
Para más informaciones sobre la preparación de Paraguay para enfrentar la cuarta ronda de evaluaciones mutuas de GAFILAT, el Banco Central del Paraguay (BCP) recomienda consultar el libro: Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos Actuales del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo
