La Cámara de Senadores recibió un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del Código Laboral vigente, con el objetivo de modernizar la forma en que se determina el salario mínimo en Paraguay.
La iniciativa fue presentada el pasado 13 de agosto por los senadores Lizarella Valiente y Juan Carlos “Nano” Galaverna.
Según los proyectistas, el país enfrenta crecientes desafíos económicos como la inflación persistente, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento de la informalidad laboral. Estos factores generaron que miles de paraguayos queden fuera de una adecuada protección salarial.
Uno de los principales cuestionamientos por los cuales se busca modificar el Código Laboral vigente, se centra en el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se utiliza como referencia para ajustar el salario mínimo.
De acuerdo con la exposición de motivos, este indicador presenta deficiencias metodológicas, pues se basa en una canasta básica desactualizada y con ponderaciones que no reflejan la realidad de los hogares, especialmente de los sectores más vulnerables.
PLANTEAMIENTOS DEL PROYECTO
En ese sentido, el proyecto plantea una reformulación integral del IPC, que incluya nuevos bienes y servicios -como los digitales-, ajuste las ponderaciones según los gastos reales de las familias y amplíe la cobertura geográfica.
El objetivo es que el índice represente mejor el costo de vida y sirva como base más justa para la fijación del salario mínimo. Además, la propuesta busca desvincular el salario mínimo exclusivamente del IPC.
Se plantea incorporar otros indicadores, como la productividad laboral, el crecimiento económico y el costo real de la canasta básica familiar, de modo que los ajustes salariales reflejen de manera más equilibrada la situación del país.
El proyecto también propone fortalecer los mecanismos institucionales encargados de definir el salario mínimo. En la actualidad, el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CONASAM) funciona como un espacio tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores, pero carece de soporte técnico permanente.
Por ello, se plantea la inclusión del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo como órganos técnicos consultivos dentro de la CONASAM. Estas instituciones tendrían a su cargo proveer datos actualizados, estudios sobre productividad y análisis del impacto real de los salarios en la economía.
QUÉ PRETENDE ESTA INTEGRACIÓN
Con esta integración, se busca despolitizar las discusiones salariales, dando más peso al análisis técnico y menos a las presiones coyunturales. De este modo, las decisiones sobre el salario mínimo contarían con mayor transparencia y legitimidad, respaldadas por informes públicos y verificables.
El texto del proyecto también define con mayor detalle las atribuciones de la CONASAM. Entre ellas se encuentran la elaboración de estudios periódicos sobre el poder adquisitivo, la publicación de informes técnicos completos y la posibilidad de recomendar ajustes extraordinarios en casos de crisis económica o inflación descontrolada.
Asimismo, se establece que el reajuste del salario mínimo deberá basarse en una fórmula multivariable, considerando inflación, costo de la canasta básica, productividad y crecimiento del PIB. El Poder Ejecutivo tendría que resolver los ajustes antes de finalizar junio de cada año, aunque se habilitan revisiones extraordinarias en casos de emergencia.
Los impulsores del proyecto sostienen que la reforma busca romper el círculo de salarios bajos, informalidad y pobreza, apuntando hacia un modelo de desarrollo más justo.
