La rápida reacción al brote de COVID-19, en marzo pasado, a través del cierre de fronteras y escuelas, la prohibición de las reuniones masivas y la disposición de cuarentena obligatoria para toda persona que ingrese al país son medidas mencionadas en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como lecciones clave que aportan Paraguay y Uruguay a la contención de la pandemia, con un costo económico “razonable”.
En el artículo denominado “¿Han resultado efectivos los confinamientos en América Latina?”, el organismo internacional recuerda que Paraguay y Uruguay sufrirán niveles de contracción económica de -2,8% y -3,7% en el 2020, respectivamente, con una intensidad mucho más moderada que el promedio regional, según destaca.
A modo de recomendación que surge de las experiencias de ambos países, el BID sostiene que “si los confinamientos se imponen con prontitud antes de que el factor R crezca a niveles inmanejables, pueden resultar muy eficaces para minimizar las repercusiones sobre la salud. Los confinamientos deben ir acompañados por estrictos cierres de fronteras y cuarentenas de cuarenta días para cualquier persona que llegue del extranjero”.
En el caso específico de Paraguay, el reporte señala que se implementó uno de los confinamientos más restrictivos de la región, ya que los ciudadanos solo tenían autorizado salir para comprar alimentos o medicinas, o si trabajaban en el sector de la salud, en los meses de mayores restricciones (abril y mayo). “Además, ambos países tienen una baja densidad demográfica, con 17 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado en Paraguay y Uruguay, respectivamente, lo que hace más factible el rastreo de contactos”, agrega.
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No obstante, el BID reconoce que existen condiciones socioeconómicas particulares de América Latina – de las que no escapa Paraguay – que dificultan el éxito de las medidas de contención de la pandemia. Entre ellas, se refiere a la limitada capacidad de los gobiernos para hacer cumplir los confinamientos, especialmente en zonas alejadas y con escasa presencia del Estado; la baja confianza en los gobiernos y en los medios de comunicación; y la situación de la población de menores ingresos: pobreza e informalidad.
“En algunas situaciones, el incumplimiento se ha visto impulsado por la necesidad. En promedio, el 38% de los trabajadores en América Latina están empleados en la economía informal, y muchos de ellos no tienen acceso a la salud o a un seguro de desempleo. Resulta poco realista esperar que las personas que viven con lo justo cumplan con las restricciones de confinamiento”, advierte la entidad.
“Si bien la ayuda financiada por el gobierno ayudó a aliviar este problema, es probable que no haya sido suficiente. En consecuencia, los países que comenzaron a imponer medidas de confinamiento a mediados de marzo lograron, en promedio, mantener en sus hogares a lo sumo al 70% de su población, con un cumplimiento que fue disminuyendo con el paso del tiempo y una relajación de las restricciones luego de dos meses de su imposición”, continúa.
El estallido de la pandemia de COVID-19 echó por tierra las proyecciones de crecimiento económico que se habían concebido para el 2020. Luego de que el fenómeno conocido como “tormenta perfecta” – condiciones climáticas adversas, deterioro económico de los países vecinos, cambio de Gobierno y menores precios de commodities – resultara en un estancamiento de la economía paraguaya en el 2019, se esperaba que el rebote en el presente año impulsara una expansión del producto interno bruto (PIB) en torno al 4%.
Con el cambio de escenario, se estima que las consecuencias de la emergencia sanitaria desembocarán en una contracción de -3,5% del PIB, según cálculos oficiales, con especial impacto en los sectores de servicios, comercio e industria.
