El gobierno de los Estados Unidos sancionó este jueves al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y al expresidente de la República, Horacio Cartes (2013-2018), quienes ya habían sido designados como significativamente corruptos por el Gobierno americano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó también a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorífico Chajha S.A.E., por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.
Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, en la cual se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
“Estados Unidos puso una prohibición completa de cualquier tipo en cuanto a sus intereses financieros. Tienen bloqueadas sus cuentas”, expresó Ostfield.
Por su parte, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson dijo que “el Departamento del Tesoro está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos”.
“El señor Velázquez, también incurrió en prácticas corruptas como la de vender su influencia política al mejor postor como vicepresidente a trabajar para impedir los procesos legales a sí mismo y a sus socios criminales” refirió Marc Ostfield.
De esta forma, tanto Velázquez como Cartes tienen prohibido realizar operaciones comerciales con Estados Unidos y realizar movimientos bancarios e igualmente las empresas estadounidenses tienen prohibido operar con ambas personas.
Según el embajador norteamericano, el expresidente Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. Señaló que Cartes pagó a los miembros del partido hasta USD 10.000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013.
Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre USD 5,000 y USD 50,000 por cada miembro.
“Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”, detalló. Igualmente indicó que en el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018.
El expresidente de la República siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta $50,000 mensuales.
En cuanto a Velazquez, el embajador expresó que el mismo también se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva.
Vínculos con Hezbollah
“Tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como organización terrorista extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC. Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones”, aseguró Ostfiel.
La medida de hoy sigue a las designaciones de Cartes y de Velázquez en el 2022, en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, que respalda un enfoque de todo el gobierno para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas.
