El pasado mes de septiembre, el Poder Legislativo sancionó la discutida “Ley de Servicios de Confianza”, que busca generar un ambiente de mayor seguridad en el ámbito de las transacciones financieras digitales. La propuesta de normativa ha sido defendida en su versión aprobada por la Asociación de Bancos, aunque operadores móviles han reiterado varias veces que esto afectará a los usuarios de billeteras electrónicas.
A falta de la reglamentación de esta ley, la GSMA Latin America, Asociación Global de la industria de operadores móviles que aglutina a empresas paraguayas de este segmento, advirtió al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que esta norma podría afectar a los usuarios de billeteras electrónicas.
En la carta dirigida al mandatario, se recuerda que Paraguay ha sido pionero regional en el desarrollo y adopción de servicios financieros móviles que han posibilitado la inclusión financiera de más de 2 millones de ciudadanos. Se agrega que, en la actualidad, este sistema cuenta con 14.000 puntos de venta a través de billeteras electrónicas, distribuidos en los más de 250 distritos del país.
“Valoramos los esfuerzos del Gobierno para proveer un ambiente más seguro y confiable para los usuarios de servicios financieros digitales del país. Por ello, creemos oportuno destacar algunos aspectos del texto sancionado que, en base a nuestra experiencia internacional, podrían perjudicar seriamente a millones de paraguayos que utilizan billeteras electrónicas”, apunta el comunicado.
La nota firmada por Lucas Gallitto, director para Latam de GSMA, afirma taxativamente que estos puntos de giros de dinero representan a miles de familias que hoy se sustentan formando parte de la red de distribución de este servicio, recibiendo en promedio de ganancia aproximadamente un sueldo mínimo.
Al tener una transacción promedio de G. 150.000, la exigencia de un sistema de identificación electrónica con alto nivel de seguridad es “claramente desproporcionada”, según el gremio internacional, y en efecto provocaría la exclusión de unas 2 millones de personas. Además, la mayoría de estas personas no tendría chances de acceder a otros tipos de servicios sustitutos, agregan.
De este modo, insisten en que la ley generaría un perjuicio económico a los puntos de venta, en su mayoría pequeños negocios, erigiéndose efectivamente una barrera a la adopción e inclusión financiera ya que abandonan las medidas identificadas precisamente como la base de su éxito, lo que resultaría en los hechos un claro retroceso de los avances ejemplares alcanzados en más de una década.
“La redacción del citado artículo (103) pasa por alto las recomendaciones de instituciones globales de referencia como el Banco Mundial o el FATF (Financial Action Task Force). Ambas consideran la exclusión financiera como una de las barreras para combatir efectivamente el lavado de dinero o la financiación de actividades terroristas y proponen como solución el uso de esquemas de identificación proporcionales al riesgo”, se argumenta en la publicación.
Entre los principales impactos que generaría la promulgación de la ley, el GSMA considera la posibilidad de la generación de una barrera de uso, en especial a usuarios alejados de centros urbanos, así como el incremento de los costos del servicios y el retorno a un uso masivo de dinero en efectivo. Por otra parte, señala la pérdida de trazabilidad que esto supone y el desincentivo a la innovación financiera.
“Creemos que, a fin de apuntalar el crecimiento, adopción e inclusión logrados por los servicios financieros móviles, y al mismo tiempo proveer un nivel apropiado de seguridad a sus usuarios, el texto sancionado debería ser revisado. Resultaría en su lugar adecuado considerar el texto de ley oportunamente aprobado por el Senado, que cuenta además con el apoyo del BCP (Banco Central del Paraguay), entidad reguladora que entiende en la materia”, remata la misiva.
