Medellín (Colombia), 7 mar (EFE).- Unas 250.000 personas de 16 municipios del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) están confinadas por un paro minero que, según denunció este martes el gobernador Aníbal Gaviria, está siendo «presionado» por el Clan del Golfo.
Gaviria calificó al «falso paro minero», que inició hace seis días en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste, como una «retaliación» de grupos ilegales por la quema el pasado 1 de marzo de cinco dragas por parte del Ejército y la Policía, intervención que afectó las rentas de la minería ilegal.
«Se quiere hacer creer que son los mineros, pero ¿los mineros extorsionan? Eso no lo hacen los mineros ancestrales y artesanales. El grupo criminal del Clan del Golfo está detrás de esta retaliación», declaró el gobernador a medios locales.
También denunció el «chantaje» y la «extorsión» a la que están sometiendo a los habitantes y los propios mineros para que paralicen las actividades, cierren el comercio y participen en «una protesta violenta en todos sus aspectos».
BLOQUEO DE VÍAS Y RECLAMO MINERO
La población está afectada, según precisó, por diferentes bloqueos producidos por la presencia de manifestantes que atraviesan camiones en las vías, queman de llantas y tumban «enormes árboles» sobre las carreteras, situación que tiene a varios municipios con desabastecimiento de alimentos y gas.
Los bloqueos han impedido el paso de una caravana humanitaria impulsada desde la gobernación, así como la circulación de ambulancias y personal médico. Incluso, en zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia hay una situación sanitaria compleja por un brote de dengue en comunidades indígenas que no ha podido ser atendido.
En el municipio de Caucasia, que se encuentra prácticamente incomunicado y con escasez de artículos de primera necesidad, se registró también una fuga presos mientras la Fuerza Pública está concentrada hechos derivados de la protesta, en la que se leen carteles con frase como «somos mineros, no criminales» durante las movilizaciones.
En ese sentido, el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, pidió garantías para los mineros, con quienes se ha sentado a conversar para conocer la realidad de ese sector.
«Hoy quienes se están manifestando son los mineros pidiendo garantías al Gobierno nacional para poder trabajar», aseguró el mandatario en diálogo con Blu Radio.
Entre las peticiones consignadas por los mineros en un pliego está la formalización y reconocimiento de la minería ancestral que se realiza en esta zona del país, un plan para eliminar la burocracia que impide la formalización minera y respeto por el uso de la maquinaria y que no sea destruida por la Fuerza Pública.
El gobernador Gaviria reveló que el Bajo Cauca y Nordeste presentan la destrucción ambiental «más grande de la historia de Antioquia» como consecuencia de la minería ilegal y la siembra de coca, con un área afectada que, estiman las autoridades, está entre las 20.000 y 30.000 hectáreas.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Luego de que los líderes del paro no llegaran a un acuerdo con en la mesa de diálogo con autoridades sin poder de decisión, la Asociación de Personeros de Antioquia y los alcaldes del Bajo Cauca elaboraron un manifiesto en el que reclaman la presencia del Gobierno nacional para solucionar paro minero, que tiene a 16 municipios con escasez de alimentos y parálisis del transporte.
