Ciudad de Panamá, 10 mar (EFE).- Un grupo de ambientalistas dijo este viernes que demandará ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá el nuevo contrato acordado esta semana entre el Gobierno y la subsidiaria de la minera canadiense First Quantum por «inconstitucional».
El procedimiento utilizado para alcanzar el acuerdo de contrato «es inconstitucional, no han seguido la ley de Contrataciones Públicas ni ley del Código Minero que exige que haya licitaciones», dijo en rueda de prensa José Eugenio Stoute, del Movimiento Democrático Popular.
El abogado ambientalista Harley Mitchell explicó a EFE que la demanda se basará en el incumplimiento de los «artículos 159 numeral 15 de la Constitución, el 32 (debido proceso) y 118 (ambiente sano)».
La activista Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental, apuntó que el proceso legal se iniciará una vez que el «acto haya cumplido todas sus fases», es decir, que el Ejecutivo promulgue el contrato tras someterlo a una consulta pública y sea aprobado por el Consejo de Ministros, la Contraloría y Parlamento.
Los ambientalistas acusan al Gobierno de supuesta «falta de transparencia» en el proceso para llegar a un acuerdo con la minera, pues a su juicio, los «puntos expresados» en la información del Ejecutivo «son vagos y llenos de ambigüedades», según un comunicado conjunto.
El Gobierno y la minera anunciaron el miércoles que acordaron finalmente un contrato para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica, tras unas conflictivas negociaciones iniciadas a finales de 2021.
El nuevo contrato de concesión, de 20 años prorrogables, establece un aumento de las regalías, que pasan de entre 2 % a 5 % a entre 12 % y 16 % y un ingreso mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo aportado antes por la empresa, y el pago de impuestos hasta ahora exentos, informó el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.
DENUNCIAN QUE GOBIERNO REPITE EL MISMO PROCESO ILEGAL QUE EN 1997
Los ambientalistas denuncian que el Gobierno nuevamente ha negociado un contrato con bases ilegales como ocurrió con la ley de 1997 que avaló la concesión y que el Supremo declaró inconstitucional en 2017, lo que llevó a la administración de Cortizo a negociar el nuevo contrato.
«En este caso (1997), dijo la Corte, existían dos normas jurídicas que regulan cómo se otorgan las concesiones, la ley de Contrataciones Públicas y el código de Recursos Minerales (…) en aquel entonces, el Gobierno negoció por fuera de esos cuerpos jurídicos (…) justo como se está negociando el contrato ahora», dijo Mitchell.
«El Gobierno y sus personeros solo pueden hacer lo que la ley dice, no lo que ellos estimen conveniente por el bien de nada», declaró Mitchell, quien calificó que ambos contratos (1997 y actual) tienen los mismo «vicios»
Ábrego apuntó «este proceso de contratación ha sido nuevamente una contratación directa y por tanto adolece del mismo vicio que el anterior, no fue producto de una licitación pública».
La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019.
