Ciudad de Panamá, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Panamá abrió este viernes una consulta pública no vinculante sobre un nuevo y polémico contrato con la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, como el primero de los pasos para su entrada en vigor.
La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores directos y cerca de 40.000 indirectos, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019. Su operación representa el 50 % de la producción global de First Quantum y el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank difundidos en Panamá.
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la First Quatum anunciaron el acuerdo de contrato a inicios de este mes, tras más de un año de duras negociaciones, la orden gubernamental de cesar las operaciones mineras y la activación de pleitos legales en la esfera internacional por parte de la empresa.
«Todo interesado en participar y conocer los términos específicos del contrato podrá enviar sus comentarios a través del buzón en la página web de la consulta pública del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). La fecha límite para hacer llegar los comentarios es el 22 abril de 2023», anunció este viernes esa cartera.
Se trata de una consulta pública «no vinculante desde el punto de vista jurídico» a la luz de la ley vigente en Panamá, afirmó a EFE el experto constitucionalista Ernesto Cedeño, por lo que «es solo una puesta en conocimiento» a la ciudadanía «de lo que ya parece una decisión tomada».
Tras esta consulta, el contrato será sometido al Consejo de Ministros, para luego ser llevado primero para la «revisión y refrendo del Contralor General» y después ante el Parlamento para su aprobación, tras lo cual podrá ser promulgado por el Ejecutivo.
Por su parte, ambientalistas anunciaron que demandarán ante la Corte Suprema el nuevo contrato, que consideran «inconstitucional» porque se elaboró sin seguir las líneas de la Ley de Contrataciones Públicas ni el Código Minero, según argumentaron.
Fue precisamente un fallo de inconstitucionalidad, activado por el grupo ambientalista CIAM, dictado en 2017 por el Supremo contra la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, lo que llevó al Gobierno a entablar la negociación del nuevo contrato.
En su aviso de consulta pública, el Ministerio de Comercio e Industria reiteró este viernes que el nuevo contrato «busca preservar los miles de empleos directos e indirectos» que genera la mina, asegurar el crecimiento económico del país, así como «las condiciones apropiadas para el Estado por la explotación de sus recursos», además de honrar la seguridad jurídica de las inversiones en el país.
En un resumen de las cláusulas, se destaca que en el nuevo contrato la regalía oscilará entre el 12 % y el 16 % (por encima del 2 % actual) según el margen bruto, el pago de impuesto antes exentos y un pago mínimo anual al Estado de 375 millones de dólares anuales, 10 veces más que hasta ahora, entre otros.
También que el contrato es a 20 años a partir del 22 de diciembre de 2021, con opción a una prórroga por el mismo tiempo. Se establece además un área de concesión de 12.955,1 hectáreas para explotar, extraer, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar cobre.
