La creación de la Superintendencia de Pensiones está atravesando por un nuevo intento, esta vez de parte del gobierno de Santiago Peña, en busca de garantizar el otorgamiento de las prestaciones previsionales presentes y futuras en tiempo y forma. Esto, debido a la ausencia de controles rigurosos y específicos en cuanto al manejo financiero, así como de sanciones para los administradores, por lo que la jubilación de los paraguayos no está suficientemente protegida. Por ejemplo, hace unos años, la Caja de Itaipú estuvo al borde de la quiebra por una mala inversión extranjera que realizó y todavía resuenan los efectos de los préstamos directos sin garantías que otorgaba el IPS en los años 90.