Tegucigalpa, 26 abr (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó este miércoles suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por 96,1 millones de dólares, para cofinanciar un proyecto de atención en la red de servicios hospitalarios.
A través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el mandatario otorgó plenos poderes al Viceministro de Hacienda y Crédito Público para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscriba con el BCIE, el UK Export Finance del Reino Unido, y otras instituciones financieras, el convenio de financiación por un monto de 96,1 millones de dólares.
Esos recursos serán utilizados para cofinanciar el proyecto «Fortalecimiento de la Capacidad de Atención de la Red de Servicio Hospitalaria en Unidades de Salud Priorizadas», cuyo organismo ejecutor será el Ministerio de Salud de Nicaragua, indicó Ortega en el acuerdo.
«La certificación de este acuerdo acreditará la representación del viceministro en la firma de la enmienda al contrato de préstamo (…), cuyos términos y condiciones han sido previamente acordados entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el BCIE en calidad prestamista, agente y estructurador», agregó.
¿POR QUÉ EL VICEMINISTRO Y NO EL MINISTRO?
Ortega delega en uno de sus viceministros de Hacienda y Crédito Público, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, las funciones legales para firmar esos préstamos, para burlar las sanciones que el Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto al ministro Iván Acosta y al también viceministro José Adán Chavarría Montenegro.
El mandatario nombró en ese cargo a Gallardo Palaviccine desde noviembre de 2021.
Ortega determinó entonces que Gallardo Palaviccine asume las competencias de firmar todos «los documentos relacionados a la Administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además de los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros».
También está a cargo de firmar los documentos «derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan, sin perjuicio de otros nombramientos de igual cargo y competencias en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público».
Previo a ese nombramiento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la «represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales» tras la «farsa» de elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.
Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro; y el viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro.
Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el «régimen» de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando «legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar».
Los funcionarios designados son «socios clave en las políticas antidemocráticas» de Ortega, indicó el Tesoro.
