La Paz, 11 may (EFE).- Largas filas en las puertas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), dudas y expectativas tanto optimistas como pesimistas marcan los últimos días del manejo privado del dinero de la jubilación en Bolivia, que desde la próxima semana pasará al control total del Estado.
Decenas de personas aguardaban en fila este jueves en las oficinas de las AFP Futuro de Bolivia y Previsión, ésta última filial de la española BBVA, en La Paz para completar algún trámite o absolver dudas sobre el traspaso de los fondos de jubilación a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
El avance en Previsión era lento, lo que provocó la molestia sobre todo de quienes llegaron a primera hora de la mañana para ser atendidos.
Un jubilado que pidió mantener su nombre en reserva comentó a EFE que llevaba por lo menos tres horas en la fila.
El hombre, que tramitaba una pensión por el fallecimiento de su esposa, expresó sus dudas sobre el manejo estatal de los fondos de pensiones ante una eventual crisis que lleve a que el dinero sea «gastado en otras cosas».
En la misma fila esperaba también por más de tres horas María del Pilar Mallea, una mujer que debía hacer un trámite para la devolución de un saldo que tenía su difunto esposo.
Mallea comentó a EFE que prefiere evitar «generar desconfianza en la comunidad», por lo que confía en que «lo que están haciendo está bien» y no tiene problemas con que sus ahorros de jubilación pasen a la administradora estatal.
«Mi posición ante la vida en general es acoger lo que es, y lo que es, es que va a pasar a la Gestora. Entonces ¿qué tengo que hacer? para no complicarme la vida, tener confianza», sostuvo.
Una opinión similar fue expresada a EFE por Orlando Siles, un jubilado de la llamada «generación sándwich», es decir los extrabajadores que tuvieron dificultades para acceder a la jubilación cuando se cambió el sistema de pensiones en 1997, pues quedaron «atrapados» entre un régimen y otro.
Siles, que esperaba en las puertas de Futuro de Bolivia para cobrar su pensión, valoró positivamente que, por ejemplo, un descuento mensual de 1,31 % que hacían las AFP a los jubilados «desde el próximo mes se pagará en favor de los rentistas», por lo que consideró que «va a haber una buena gestión».
Con 30 años de experiencia en seguridad social, la abogada María Rosa Sevilla difirió de esa opinión y manifestó sus dudas sobre la preparación de quienes se harán cargo de los fondos de pensiones.
Sevilla cuestionó que en la Ley de Pensiones promulgada en 2010 se diga que la Gestora Pública es una «empresa estratégica», cuando a nivel mundial estas entidades «no son empresas, son entes del seguro social».
Para la experta, la Gestora tiene que ser «una entidad con autonomía en todo, autonomía administrativa, de elección, económica, para que sea muy transparente» y su personal tiene que estar bien capacitado para que no fracase.
«Estoy muy preocupada, no quiero adelantar criterios porque hay que tener un poco más de información, pero a mí esta transición me preocupa de sobremanera», indicó.
La ley de 2010 dispuso que la Gestora Pública administre los fondos del Sistema Integral de Pensiones, pero solo hasta 2015 se establecieron sus estatutos y la entidad comenzó a recibir aportes recién desde la semana pasada.
Las AFP recibirán los trámites de todos sus afiliados hasta este 12 de mayo para que la Gestora asuma el próximo lunes el total de las operaciones.
