Y otras elecciones han pasado, dejando a su paso un caudal de experiencias que vale la pena analizar detenidamente ya con miras a los próximos eventos cívicos.
Uno de los puntos que acapararon la atención mediática fueron los mecanismos de financiamiento político. Luego de la designación del ex presidente Horacio Cartes como significativamente corrupto ante el gobierno de los Estados Unidos, la Asociación Nacional Republicana (ANR) tuvo la necesidad pocas veces vista de buscar recursos a contra reloj, encontrándose ante vacíos reglamentarios que no podemos entender cómo se siguen dando.
Si bien el concepto de proselitismo se tiñó de una connotación negativa debido a las malas prácticas que históricamente se cometen en la política, como el uso de recursos públicos para las campañas y otros viejos hábitos, es necesario generar espacios para la difusión de ideas y propuestas que lleven al elector a estar suficientemente informado y pueda votar convencido por el candidato o la candidata en quien realmente crea. Para esto se necesita dinero.
El hecho de que uno de los hombres más poderosos del Partido Colorado de los últimos tiempos se viera reducido en su posibilidad de “aportar” económicamente a la campaña, o al menos que su situación ante EEUU dañara la reputación del partido -por su condición de presidente de esta nucleación- y afectara las vías de obtención de financiamiento, es una experiencia que no se puede dejar pasar.
El procedimiento al que acudió la ANR ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para certificar los flujos de dinero que recibiría luego de las elecciones tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación, principalmente por la respuesta poco clara que se tuvo inicialmente.
Si esto le sucede al partido que está hace ya casi siete décadas en el poder, ¿cómo están los partidos y movimientos más pequeños, que podrían estar teniendo mentes muy valiosas en sus filas y no los llegamos a conocer porque no los encontramos en los medios ni en las gigantografías?
El control del financiamiento político es uno de los aportes más importantes que está dejando la prevención del lavado de dinero en nuestro país. Este paso hacia una sociedad más honesta y liberada del crimen organizado debe llevar también a ajustar los reglamentos y la presencia del Estado para que todas las personas que estén interesadas en incursionar en la política tengan acceso a herramientas que garanticen la igualdad de oportunidades.
Los medios públicos, por ejemplo, fueron los grandes ausentes en los espacios de debate de propuestas electorales. En su afán de evitar ser capturados por las ambiciones oficialistas -decisión también comprensible-, prefirieron hacer como que no estábamos en elecciones y omitieron toda presencia política en sus transmisiones (salvo algunos programas periodísticos que osaron entrevistar a algún que otro candidato, pero más bien por iniciativa de los periodistas).
Sería interesante que en los siguientes comicios se cuente con una participación más activa de los medios públicos, con una política bien elaborada para ayudar a que más agrupaciones tengan visibilidad y también se conozcan los rostros de aquellos que no tienen recursos suficientes para aparecer en el prime time.
El control y la prevención no deben convertirse en armas para obstaculizar el desarrollo de procesos democráticos en nuestro país, al contrario, deben ser los estandartes para hacer bien las cosas, de una vez por todas, y lograr que las buenas intenciones sean las que ganen los lugares que se merecen.
