Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este martes la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
«Hoy en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra», indicó Castro en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión.
Agregó que el sector agropecuario aporta el 12,9 % del Producto Interno Bruto y el 35 % de las exportaciones del país corresponden a este sector, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63 % de la población vive en condición de pobreza y el 50 % en extrema pobreza.
«Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados», subrayó Castro, quien dijo que no puede desconocer «las condiciones precarias» del sector rural y agrícola del país, donde la población «lucha a diario por llevar alimentos a sus casas» mientras otros sectores «gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos».
REFORMA AGRARIA, UN ASUNTO PENDIENTE
La reforma agraria, según la mandataria, es un «asunto pendiente» en Honduras, donde han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) «dar respuestas positivas a la demanda de tierras» de campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios.
Registros del INA contienen «un sin número de terrenos con antecedentes de legalidad, que causan efectos ante terceros», pero estudios apuntan a que «estos registros carecen de legitimidad», ya que en gran mayoría han «sido propiedades adquiridas irregularmente por medio de remedidas en terrenos nacionales, tierras concesionadas o traspasadas sin el trámite correspondiente a su naturaleza jurídica privada», enfatizó.
Por ello, el CNDS ordena a la recién creada comisión que elabore un proyecto de ley orientado a dar respuesta a la problemática de la mora agraria, el que deberá aprobar el Parlamento hondureño, señaló.
El proyecto de ley debe incluir «la conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes», así como una sección que «castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques», según la resolución del Consejo Nacional de Defensa.
ESCALADA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS
Además, ordena al Instituto de la Propiedad (IP) y al INA que realicen una «investigación exhaustiva» de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición es de ilegitimidad, concediendo prioridad a la revisión de tierras denuncias por los campesinos, apostilló Castro.
Desde 2021, agregó a la mandataria, se ha generado «una escalada en la ocupación de tierras productivas» en Honduras, que ha provocado «inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión».
Destacó que los departamentos de Colón y Atlántida, en el Caribe hondureño, son los «principales polos de conflictividad» sobre la ocupación de tierras por organizaciones campesinas que reclaman «derecho a la tierra, grupos irregulares y, en algunos casos, otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país, y otros no determinados».
Un total de 36.451 manzanas de tierra (25.415 hectáreas) han sido ocupadas por grupos de personas, lo que ha causado «graves daños» a la producción nacional y la economía, señaló Castro, quien afirmó que las investigaciones demuestran «poca operatividad» en la evacuación de denuncias y emisión, ejecución de órdenes judiciales de desalojo.
