Ciudad de Panamá, 18 jun (EFE).- Panamá «necesita definir» un nuevo código minero sin «prácticas obsoletas» y que lleve a cabo una «minería responsable», dijo este domingo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el principal gremio empresarial de ese país.
«El país necesita definir una política minera a través de un nuevo Código Minero, que establezca los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general, dejando atrás prácticas obsoletas y planteando los mecanismos para llevar adelante una minería responsable, en constante revisión y actualización de cara a la modernización continua de la industria», señaló la CCIAP en un comunicado.
Los empresarios hacen referencia al nuevo contrato acordado por el Gobierno de Panamá y la minera canadiense First Quantum Minerals para la explotación a largo plazo de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Esta semana, el Gabinete (Consejo de Ministros) aprobó, después de una consulta pública entre marzo y abril y tras años de disputas, ese contrato, que aún debe ser aceptado por la Contraloría General y el Parlamento antes de su promulgación por parte del Ejecutivo, de acuerdo con la información oficial.
Este acuerdo final supone una concesión a 20 años prorrogables para la explotación de una gran mina de cobre, también establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
Los empresarios destacaron que la minería es «una industria compleja que (se) debe trabajar de forma responsable, con buenos planes de cuidado ambiental para garantizar que no exista un fuerte impacto en el medioambiente».
Por naturaleza esa actividad «genera riesgos significativos, los cuales deben ser gestionados efectiva y oportunamente por quienes desarrollen esta actividad, sin escatimar esfuerzos, utilizando mejores prácticas, en estricto cumplimiento con la ley y con una fiscalización férrea por parte del Estado».
A su juicio, «el abordaje de la actividad minera no puede ser a la ligera; debe venir acompañado de conocimiento y asesoramiento técnico», por ello propusieron «terminar de desarrollar con rigurosidad la contratación actual, procurando el mejor interés del país y sus ciudadanos» y alegaron que se debe evitar los «intereses populistas o electorales intervengan en dicho proceso».
Apuntaron que es «clave» hacer «una evaluación general que permita avanzar hacia un nuevo estadio de manejo serio y responsable, con rendición de cuentas para todos los actores, en aquellas actividades que así lo defina una nueva política en materia de minería».
Al nuevo pacto se llegó luego de más de un año de arduas conversaciones entre las partes que ya en enero de 2022 habían anunciado un acuerdo al respecto, después de cuatro meses de negociaciones, sin que se llegara a concretar la firma del mismo.
En ese contexto, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo había ordenado en enero pasado la suspensión de la operación de la mina, y la Minera Panamá S.A. (MPSA), la filial de First Quantum, solicitó a finales de febrero pasado la suspensión de más de 4.000 contratos laborales, lo que fue rechazado por el Ejecutivo. Las partes habían anunciado además litigios en la esfera internacional.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá y en base a esta decisión el Gobierno panameño entabló la negociación del nuevo contrato.
La mina Cobre Panamá, situada en el distrito de Donoso en la provincia de Colón (Caribe), con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019.
