Buenos Aires, 12 jul (EFE).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, acusó este miércoles a la española Repsol de haber tenido una «política predatoria» en la petrolera controlada por el Estado argentino, YPF, cuando era la principal accionista.
La también exmandataria entre 2007 y 2015, en cuya Administración se expropió el 51 % de las acciones de YPF en manos de Repsol y luego se le indemnizó con 5.000 millones de dólares, compartió en Twitter algunos gráficos que, dijo, «demuestran la política predatoria que tuvo la multinacional Repsol en YPF desde que esta última se desnacionalizó».
La vicepresidenta describe que desde 1997 hasta 2011 la producción de petróleo de YPF-Repsol se redujo un 44 %, a 11,3 millones de metros cúbicos, y que la empresa redujo su participación en el mercado local a un 34 %.
En tanto, su producción de gas se contrajo un 38 % entre 2004 y 2011, a 10,6 millones de metros cúbicos, con una pérdida de participación en más de 11 puntos porcentuales, a 23 %.
Para Fernández, la «falta de inversiones en exploración condujo a una abrupta disminución en las reservas de petróleo» de Repsol-YPF, de un 50 %, a 666 millones de barriles en 2011; y sus reservas de gas se redujeron en más de un 55 %, a 106.000 millones de metros cúbicos en el mismo año.
La «contracción de la producción de YPF-Repsol se produjo en un contexto de elevada rentabilidad» que «no se tradujo en un incremento de la inversión, pero sí de los dividendos abonados», y que, a su vez, «se expandió sensiblemente su nivel de endeudamiento, iniciándose el vaciamiento final de la empresa», acusó la vicepresidenta.
Esa política, según la exmandataria, «vulneró la soberanía energética» argentina y «multiplicó las importaciones de combustible por 11» entre 1995 y 2011, a 9.397 millones de dólares, y derivó en un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, de 3.029 millones de dólares.
YPF fue privatizada y vendida a Repsol en 1999.
En 2008, el Grupo Petersen ingresó a YPF con una compra inicial del 14 % que luego completaría con un 11 % adicional, de la mano del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que permitió a los argentinos desembarcar en la petrolera abonando sólo 100 millones de dólares y con préstamos de Repsol y de bancos extranjeros que devolvería con cargo a los dividendos futuros.
Una ley aprobada por el Parlamento en 2012 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de YPF, sin adquirir las acciones adicionales, por lo que Argentina enfrenta un millonario juicio en tribunales de Estados Unidos.
El juicio se inició en 2015, cuando Burford Capital impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España -Petersen Energía Inversora y Petersen Energía-, que entraron en concurso judicial y que antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen, conglomerado que tenía una participación accionarial del 25% en YPF al momento de la nacionalización y que no forma parte de esta demanda.
