Lima, 15 jul (EFE).- Las autoridades de Perú pidieron a los participantes en las manifestaciones antigubernamentales convocadas para la próxima semana en Lima y otras ciudades del país que estas sean pacíficas, mientras que los promotores descartaron cualquier vínculo con grupos violentos y aseguraron que esperan una participación masiva.
El Consejo de Estado, que integran todos los poderes e instituciones públicas peruanas, se reunió este viernes para analizar la situación y llamó a los ciudadanos que participen en la jornada de protesta de «manera pacífica» y a las fuerzas del orden a «garantizar la integridad» de los manifestantes y la «tranquilidad» de los que no lo hagan.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, leyó un comunicado en el que se manifestó el firme compromiso con «la defensa del sistema democrático, la gobernabilidad e institucionalidad» en el marco de sus competencias y autonomía.
«Hacemos un llamado a los ciudadanos (que van a participar en las movilizaciones), que lo hagan de manera pacífica», añadió el primer ministro e invocó a la Policía Nacional a «garantizar la integridad de quienes participan en la marcha y la tranquilidad de los que decidan no hacerlo».
La sesión del Consejo de Estado estuvo encabezada por la mandataria Dina Boluarte y participaron los presidentes del Parlamento, José Williams; del Poder Judicial, Javier Arévalo; del Tribunal Constitucional, Francisco Morales; de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán; y el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, entre otros funcionarios y ministros de Estado.
Este mismo viernes, los promotores de las protestas rechazaron cualquier relación con movimientos terroristas, luego de que una presunta cabecilla del último reducto de la banda armada Sendero Luminoso apoyara las manifestaciones.
Distintos líderes sindicales y sociales se desmarcaron de cualquier movimiento terrorista, luego de las arengas en redes de Florabel Vargas y recordaron que ellos y sus familias fueron víctimas de los ataques de Sendero en las décadas de los 80 y 90.
La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) denunció, además, una campaña «intimidatoria y de restricción de libertades» que dicen haber sufrido por parte del Gobierno y de sectores de la prensa.
Más allá de ello, los convocantes de la protesta señalaron que esperan que la participación sea «equivalente o mayor» a las marchas que se desarrollaron en diciembre, enero y febrero pasado en Lima.
Se considera que la «Tercera toma de Lima», como ha sido bautizada la marcha del 19 de julio, contará con una representación de las provincias similar a las protestas de principios de año y quienes acudan del interior del país serán alojados y alimentados en distintos puntos de la capital, según afirmaron los promotores.
Al igual que en las protestas de diciembre, enero y febrero, los convocantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.
