Río de Janeiro, 20 ago (EFE).- Las presiones para que el Gobierno de Jair Bolsonaro aumente los gastos públicos para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus y la posibilidad de que el ajuste fiscal se salga de control agravaron este jueves la crisis política y económica en Brasil.
En medio de presiones para que Bolsonaro extienda hasta diciembre el subsidio que concede a los más pobres y a los informales afectados por la pandemia y para que eleve gastos en obras públicas a pocos meses de las elecciones municipales de noviembre, una decisión del Senado con un fuerte costo fiscal provocó una sacudida en el mercado financiero este jueves.
Los inversores reaccionaron con gran pesimismo a una votación de la noche del miércoles en la que el Senado derribó el veto presidencial a una ley que autorizaba aumentos salariales para los funcionarios públicos en 2021.
La fuerte presión tanto del Gobierno como de los inversores permitió que la Cámara de Diputados, tras un acalorado debate e intensas negociaciones, revirtiera este jueves la decisión del Senado y mantuviera el veto a los ajustes salariales.
Por 316 votos a favor, 165 en contra y 2 abstenciones en una votación en la noche de este jueves, los diputados atendieron la petición de Bolsonaro para mantener el veto y prohibir cualquier aumento salarial para los funcionarios el próximo año.
En medio de la expectativa por la votación en la Cámara Baja, el dólar llegó a ser vendido a media jornada de este jueves a 5,63 reales, su mayor valor en más de tres meses, pero terminó el día cotizado a 5,552 reales, con una apreciación del 0,43 %.
El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo llegó a caer a un mínimo de 99.131 puntos, con una bajada del 1,70 %, pero terminó cerrando con una subida del 0,61 %, cuando ya se daba por hecho que los diputados atenderían la petición del Gobierno.
«El mercado nos sigue viendo como un puerto inseguro, lo que se agravó con la nueva derrota en el Senado. El Gobierno considera la congelación de los salarios de los funcionarios fundamental para garantizar el equilibrio fiscal y no superar el techo de los gastos públicos», dijo a Efe Pedro Paulo Silveiria, economista jefe de la Nueva Futura Inversiones.
Según el analista, para recuperar la confianza del mercado, el Gobierno tendrá que demostrar «compromiso con la estabilidad fiscal» y que será capaz de sacar adelante en el Congreso las reformas administrativa y tributaria, que «enfrentan mayores resistencias».
A nivel político, la decisión del Senado hizo evidente que el Gobierno no cuenta con todo el respaldo que necesita en el Congreso, que la base oficialista está fragmentada y que los legisladores están más interesados en las municipales y en elevar los gastos sociales que en el ajuste fiscal.
Bolsonaro tuvo que liderar la reacción del Gobierno para intentar revertir el golpe. «De esa forma es imposible gobernar el país», dijo hoy el líder ultraderechista al criticar la decisión del Senado y pedirle a la Cámara que mantenga el veto, impuesto precisamente para intentar compensar los altos gastos generados por la COVID.
Según el Gobierno, la emergencia generada por la pandemia, que ya ha dejado en el país más de 112.000 muertos y 3,5 millones de casos, ha demandado gastos extraordinarios que acentúan un ya agudo déficit fiscal e impide la aprobación de nuevos aumentos salariales.
«Eso tendría un impacto de 120.000 millones de reales (21.820 millones de dólares) en los presupuestos», dijo Bolsonaro, citando una cifra que es equivalente al déficit que el Gobierno se había impuesto como meta para este año en las cuentas públicas.
Esa previsión de déficit, sin embargo, se multiplicó por seis en virtud de los gastos extraordinarios en el área de salud impuestos por la pandemia, lo que amenaza la capacidad del Gobierno de cumplir la ley que impuso un techo para los gastos públicos, cuya elevación tiene que ser limitada a la inflación del año anterior.
Si el Congreso avala el ajuste salarial de los funcionarios, Bolsonaro tendrá poco margen para extender hasta diciembre el auxilio de emergencia concedido a los más pobres, a los desempleados y a los informales para ayudarlos a hacer frente a la pandemia.
«Retirar dinero de la salud (de las medidas de combate al coronavirus) y transformarlo en un aumento salarial para los funcionarios es un crimen contra el país», afirmó Bolsonaro.
Este auxilio mensual de 600 reales (unos 107 dólares) fue concedido hasta ahora a 67 millones de personas, casi la tercera parte de la población, y los cinco desembolsos autorizados (uno mensual entre abril y agosto) generaron un gasto público adicional de 254.400 millones de reales (unos 45.428,6 millones de dólares).
El Congreso presiona para que sea extendido hasta diciembre, justo después de las elecciones, pero el Ministerio de Economía alertó que tan sólo tiene recursos para un auxilio de máximo 200 reales (35,7 dólares) mensuales entre septiembre y diciembre.
Bolsonaro, cuyo índice de popularidad subió hasta el 37 % en agosto (el mayor nivel desde que asumió el poder en 2019) en parte impulsado por el subsidio, dio su aval el miércoles a extender el auxilio pero aclaró que el valor habría que reducirlo.
«Los 600 reales pesan mucho para el Gobierno. Y ese dinero no lo tenemos ahorrado por lo que tendremos que endeudarnos. Y si el país se endeuda más, pierde credibilidad. El Ministerio de Economía mencionó 200 reales. Creo que es poco, pero considero que podemos llegar a un término medio», afirmó el jefe de Estado.
