Ciudad de Panamá, 5 sep (EFE).- Centenares de manifestantes protestaron nuevamente este martes en Panamá en contra de un polémico contrato de ley con la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para presionar al Gobierno de Laurentino Cortizo, al que acusan de «vende patria», para que frene su debate en el Parlamento panameño y cierre la mina de cobre operada por la empresa, la más grande de Centroamérica.
La manifestación de hoy ha sido la más concurrida hasta el momento, con unos tres mil asistentes, y finalizó con escaramuzas contra la policía, que utilizó gas pimienta, según pudo constatar EFE. En las anteriores hubo casi un centenar de personas y también culminaron con violentos enfrentamientos y heridos leves.
«Nosotros estamos planteando que se rechace el contrato con Minera Panamá (subsidiaria de FQM). El único contrato que puede ser viable allí es uno que vaya dirigido a su desmonte, a su cierre, con las medidas adecuadas que se tengan», dijo a EFE Lilian Guevara, del movimiento «Panamá Vale Más Sin Minería».
Guevara explicó que el área donde está la mina es una «zona de altísima biodiversidad» por ser «el Corredor Biológico Mesoamericano, (que) no va a soportar 60 años más de minería», por lo que «el planteamiento no es solo rechazar el contrato sino blindar a que el país no siga expuesto en el mercado de la industria minera ni trasnacional ni nacional porque a la naturaleza no le interesan los pasaportes».
En ese sentido, el secretario general del poderoso Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Mendéz, declaró a EFE que «la solución inmediata es que primero debe haber una moratoria minera y segundo debe abrirse un amplio debate de este tema».
Sindicatos, profesores, estudiantes, indígenas, jubilados y ambientalistas marcharon por las principales calles de Ciudad de Panamá hasta llegar frente a la Asamblea General (AN/Parlamento), órgano que está discutiendo el primero de tres debates sobre ese polémico contrato con Minera Panamá, subsidiaria de FQM.
El Parlamento panameño, que solo puede aprobar o rechazar, no modificar ese contrato ley, tiene programado para el próximo miércoles y jueves continuar el primer debate en las áreas aledañas de la mina, concretamente en el distrito de Omar Torrijos, en la provincia de Colón, y de La Pintada, en Coclé, respectivamente, y no será transmitido.
De aprobarse en este primer debate, faltarían dos discusiones más y la ratificación del presidente panameño para que el contrato entre en vigor.
CRITICAN «FALTA DE DÍALOGO» Y DENUNCIAN «TRAICIÓN A LA PATRIA»
«El gran ausente aquí ha sido el diálogo sobre el modelo de país que somos, el que queremos seguir siendo. Panamá tiene que ir a un gran diálogo nacional y real, no esos diálogos ficticios que se han venido fabricando (con la) sociedad civil, fabricando falsas mayorías», detalló Guevara.
El Gobierno sometió a una consulta pública no vinculante el contrato minero, que defiende como justo para ambas partes, tras más de un año de arduas negociaciones, mientras que sectores ambientalistas lo han tildado de «herida de muerte» para el país.
En marzo pasado, el Gobierno de Panamá y FQM alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de una gran mina de cobre, que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
«Con toda responsabilidad, aquí hay toda clase de delitos: asociación ilícita para delinquir, robo de los recursos del Estado (….) pero hay un crimen de lesa patria, que significa quienes venden la patria, (y) eso es sancionado de 20 a 30 años. Eso también tiene que abrirse investigación», señaló el líder sindical.
Este martes, el abogado Gonzalo Moncada Luna presentó una denuncia contra el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, por el «delito de atentar contra la personalidad internacional del Estado, eso se llama traición a la patria», según dijo a la cadena local TVN.
La mina Cobre Panamá comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según el Gobierno y la empresa, además de 5.279 trabajadores directos y cerca de 40.000 indirectos.
