San Salvador, 10 oct (EFE).- La situación política que atraviesa Guatemala «impacta» en la seguridad alimentaria y nutricional de El Salvador, ya que la mayoría de hortalizas, frutas y verduras que se consumen en este país centroamericano provienen de la nación vecina, señaló este martes el director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez.
«El escenario y el contexto político guatemalteco tiene un fuerte impacto en materia de la seguridad alimentaria y nutricional de los salvadoreños», apuntó Pérez a periodistas.
Confirmó que el precio de algunas verduras y hortalizas, como la papa, la cebolla, el repollo (col repollo o col cerrada) y el güisquil (chayote), «ha aumentado».
Por ejemplo, señaló, la red de entre 14 y 15 repollos tenía un precio de 10 dólares (9,4 euros), ahora se vende a 23 dólares (21 euros).
El director del CDC indicó que, ante esta situación, «es necesario buscar urgentemente cómo importar verduras y hortalizas del país vecino, Honduras» e «invertir en la producción agrícola nacional».
Guatemala paralizó este martes sus actividades, por segundo día en fila, debido al bloqueo de más de 100 carreteras por manifestantes que exigen la inmediata dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.
El país centroamericano se mantiene detenido en gran parte de su territorio, pese a que el presidente local, Alejandro Giammattei, advirtió el lunes por la noche que se arrestaría a los líderes de las protestas y se despejarían las carreteras.
El presidente de la salvadoreña Defensoria del Consumidor, Ricardo Salazar, apuntó este martes que «en la medida que está crisis se va alargando, obviamente el abastecimiento a nivel nacional se verá afectado».
Señaló también a periodistas que «los tiempos de transporte (de productos) se han duplicado, incluso hasta triplicado, obviamente que eso limita la cantidad y disponibilidad de los productos» en El Salvador.
Las protestas en Guatemala fueron convocadas e iniciadas hace una semana por la organización indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes.
Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas sorpresivamente por el académico Bernardo Arévalo de León.
El mismo presidente electo acusó a Porras Argueta el 1 de septiembre pasado de llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra en busca de evitar su investidura en enero de 2024.
