Ciudad de Panamá, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá informó este martes que modificó el proyecto de contrato ley con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una actividad que es rechazada por grupos ambientalistas, civiles y sindicatos que se han manifestado en la calles.
Estas modificaciones fueron realizadas luego de que el Parlamento suspendió la discusión del proyecto de contrato ley y lo devolvió al Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo para su revisión.
Entre los cambios está la eliminación de «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo», informó un comunicado oficial.
En ese sentido, se incluyó una cláusula «reafirmando que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio».
En cuanto al alcance de la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de FQM, se «aclaró» que la empresa «sólo puede explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados» en el área de explotación permitida en los distritos de Donoso y Omar Torrijos de la provincia de Colón (Caribe).
Se suprimió además la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno. «Mediante las modificaciones aprobadas, el contrato no autoriza ninguna otra concesión para Minera Panamá», señala la información oficial.
Otra de las rectificaciones elimina el derecho de la empresa de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido, y en cambio «se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá».
Ante las objeciones del Parlamento, la empresa Minera Panamá dijo que aceptaba negociar nuevos términos contractuales, mientras que los grupos que rechazan la mina reiteraron que se debe anular y negociar otro con miras a poner fin a la actividad de la mina.
En marzo pasado, el Gobierno de Panamá y FQM alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, que exporta el mineral desde 2019.
El acuerdo establece ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco, 10 veces más que el contrato ley previo – declarado inconstitucional por el Supremo panameño- y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
