Ciudad de Panamá, 16 oct (EFE).- El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, presentó este lunes a la Asamblea Nacional (Parlamento) el nuevo contrato minero con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), con las modificaciones sugeridas por ese organismo legislativo.
La cartera de comercio informó a través de un breve comunicado que el ministro entregó «ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A., con las modificaciones identificadas en la Resolución N°2 del 28 de septiembre de 2023, emitida por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de dicha instancia legislativa».
Ese ministerio también detalló que «las adecuaciones realizadas abarcan la eliminación de cláusulas, así como la aclaración de conceptos, en lo relativo a expropiación, alcance de la concesión, espacio aéreo, contrato marco, identidad de beneficiarios finales, otras concesiones mineras, facultades de fiscalización y soberanía».
El Gobierno de Panamá modificó el pasado 10 de octubre ese polémico contrato con la empresa Minera Panamá, subsidiaria de FQM, luego de que el Parlamento suspendiera su discusión y lo devolviera al Ejecutivo para su revisión.
Ahora, nuevamente debe comenzar el primero de tres debates y, una vez aprobado por el pleno de diputados, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ratificaría el contrato ley, según explicó una fuente oficial a EFE.
Entre los cambios hechos por el Gobierno, con las sugerencias del Parlamento, está la eliminación de «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo» a la vez que se incluyó un apartado que «reafirma que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio».
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno, y el derecho de la empresa de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y en cambio «se establece que esta información está sujeta a la ley».
Ese contrato ley entre el Gobierno panameño y Minera Panamá es para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, y ha sido ampliamente rechazado por grupos ambientalistas, civiles y sindicatos que se han manifestado en la calles, incluso con enfrentamientos policiales.
El Ejecutivo de Cortizo y la empresa minera alcanzaron en marzo pasado un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, que exporta el mineral desde 2019, con ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
