Ciudad de Panamá, 30 oct (EFE).- El futuro del contrato que extiende la explotación de una gran mina de cobre a cielo abierto en Panamá, que desencadenó las mayores protestas populares en décadas en el país, se debate entre una consulta pública propuesta por el Gobierno o la declaración de inconstitucionalidad que impulsan los activistas.
Se trata de la mina Cobre Panamá, explotada por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que comenzó a gestarse en 1991, alcanza una inversión de 10.000 millones de dólares, y genera más de 9.000 empleos directos y 40.000 indirectos, según datos de la empresa y el Gobierno de Laurentino Cortizo.
Las manifestaciones contra el contrato comenzaron a inicios de este año, luego de que la minera y el Ejecutivo alcanzaron un acuerdo de renovación tras unas duras negociaciones de más de un año, necesarias porque el contrato previo fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Pero las protestas se recrudecieron desde el pasado 23 de octubre, tres días después de que el nuevo contrato ley que renueva por 20 años prorrogables la concesión fue aprobado en un proceso express por el Parlamento y el Ejecutivo.
Los bloqueos en la principal carretera de este país de apenas 75.000 kilómetros cuadrados y las manifestaciones masivas en la capital y otras ciudades están conduciendo a Panamá hacia una paralización: ya hay escasez de combustible en el interior, se está generalizando la falta de alimentos en los centros urbanos y la educación pública está en huelga indefinida.
La cuestionada consulta popular
El presidente Cortizo planteó el domingo, en su tercera alocución a la Nación en una semana, la celebración el próximo 17 de diciembre de una «consulta popular» que aseguró sería «vinculante» sobre la derogatoria o no del contrato ley.
Este lunes el ministro de Gobierno, Roger Tejada, presentó ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, la ley que habilita la celebración de la consulta popular, ya que esta figura no existe en la Constitución vigente, como lo declaró el Tribunal Electoral y alertaron juristas y activistas.
El ente de comicios admitió que convocaría la consulta popular si la avala una ley «aprobada y sancionada», y que esta estaría «sujeta al tiempo y a los recursos necesarios, siempre y cuando existan las condiciones para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos como son los de seguridad y libre movilización».
Los magistrados electorales también recalcaron que la Corte Suprema de Justicia ya admitió demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato ley minero, las cuales, «de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria».
Una nueva declaratoria de inconstitucionalidad
Ambientalistas y sectores políticos de oposición consideran que la salida a esta crisis está en la declaratoria de inconstitucionalidad del nuevo contrato por parte de la Corte Suprema porque, aseguran, mantiene los mismos vicios del ya anulado.
Entre esos vicios está que «debió hacerse una licitación» y no entregar directamente la licitación a Minera Panamá, dijo este lunes el candidato presidencial independiente, Ricardo Lombana.
La ambientalista Raisa Banfield dijo a EFE que el hecho de que el Supremo declare la inconstitucionalidad y por tanto la nulidad del contrato es capital, porque da institucionalmente «más formas de defenderse», ya que el mismo «está redactado de tal manera que si el Estado panameño actúa de forma unilateral podemos ser demandados por miles de miles de millones».
Los ambientalistas proponen que una vez anulado el contrato ley con Minera Panamá se llame a una licitación pública «con unos términos de referencia para reducir la operación» de la mina de manera escalonada y que haya «reparación, restauración y transformación de las capacidades laborales», explicó Banfield.
Las acciones de First Quantum Minerals cerraron este lunes con una caída de más del 28 % en el mercado de valores de Toronto, el más importante del mundo para el sector minero.
La mina Cobre Panamá, que inició su producción en 2019, es la mayor explotación de cobre de First Quantum y supone alrededor del 60 % del valor neto de los activos de la compañía.
