São Paulo, 11 nov (EFE).- Un grupo de catorce historiadores ha abierto un pulso legal con el Banco do Brasil por su papel en el tráfico de esclavos, un hecho inédito que busca forzar a la segunda mayor institución financiera del país a admitir los hechos y presentar un plan de reparación.
“Queremos que se mire al espejo y reconozca que creció a partir del tráfico”, explica a EFE Thiago Campos, investigador de la Universidad Federal Fluminense.
La Fiscalía ha recogido el guante y ha abierto una investigación que puede derivar en una denuncia ante los tribunales si no se llega a un acuerdo.
El Banco do Brasil, fundado en 1808 por la corona portuguesa cuando el comercio negrero estaba en pleno apogeo, se enorgullece de su antigüedad: “Cultivamos hace más de 200 años el valor de esa relación con los brasileños”, reza su página web.
Nada se dice, sin embargo, sobre los vínculos del banco, hoy controlado por el Gobierno, con algunos de los más importantes traficantes de esclavos del siglo XIX.
Campos recuerda el día en que, buceando en los archivos de un museo en Río de Janeiro, se topó con un inventario de propiedades de José Bernardino de Sá.
Este aristócrata trajo 19.000 africanos entre 1825 y 1851, según los historiadores, pese a que el tráfico era ilegal desde 1831. La posesión de esclavos fue legal en Brasil hasta 1888.
Entre los papeles, marrones por el paso del tiempo, el historiador encontró una letra de cambio del banco a nombre del traficante, su mayor accionista individual.
No fue el único negrero en ocupar una posición destacada en la institución. Uno de sus directores en la época, João Henrique Ulrich, había sido anteriormente agente de plantadores de café y poseído un barracón dedicado al comercio esclavista en la costa de Angola.
Con esta información, el grupo de historiadores, que ya se conocía de antes, se reunió de forma virtual hace unos meses para discutir cómo sacar a la luz ese pasado olvidado.
Presentaron un escrito ante la Fiscalía en el que se recoge la presencia de traficantes entre los accionistas del banco y la forma cómo este se benefició de un aumento en la circulación de créditos que usaban a los esclavos como garantía.
Incluso su creación, aseguran los historiadores, está contaminado por el dinero esclavista: parte del capital que se usó provenía de impuestos a barcos de uno a tres mástiles, los mismos que cargaban con cientos de esclavos hacinados en sus bodegas.
“El banco lavó el dinero del tráfico”, señala Martha Abreu, otra académica detrás de la acción legal.
Más de siglo y medio después de la prohibición del comercio negrero, la Fiscalía reconoce que no se buscan responsabilidades penales, pero cree que es una oportunidad, como mínimo, para reconocer los hechos.
“La reparación puede adoptar diferentes formas, desde medidas simbólicas a cuestiones monetarias”, dice el fiscal Júlio Araujo.
El banco cuestiona a los historiadores
Hasta ahora, el banco presidido por Tarciana Medeiros, mujer negra de 44 años, ha reaccionado a la defensiva.
En una respuesta enviada a la Fiscalía, la institución dijo creer en la “relevancia” del debate sobre “el papel del Estado y la colectividad” en la esclavitud, pero afirmó que la revisión del rol del banco debía basarse en la “imparcialidad y la neutralidad”.
Además, aseguró que buscó en sus archivos y no halló detalles sobre relaciones con traficantes y que parte de los documentos “se perdió a lo largo del tiempo”.
“Claro que no van a encontrar nada. Un banco no es una institución de historia, no saben dónde buscar”, apunta Campos.
El jefe del área social acudió a una reunión reciente con la Fiscalía flanqueado por una abogada y un consultor jurídico. El encuentro se puso tenso y, cinco horas después, el único acuerdo que se alcanzó fue el de hablar de nuevo en quince días.
Los historiadores han vuelto a enviar el texto, esta vez con una extensa bibliografía para despejar las dudas de la institución sobre la solidez de los argumentos.
“Queremos que esté de nuestro lado”, zanja Abreu, aún con esperanzas.
Jon Martín Cullell
