Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- Centenares de manifestantes salieron este martes a las calles de Panamá a celebrar al grito de «sí se pudo» el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró «inconstitucional» el polémico contrato ley que renovó una concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).
«Nos sentimos muy satisfechos (…) en estas 233 páginas de fallo esperamos ver un contenido glorioso para Panamá, que defienda nuestro medio ambiente y que defienda nuestra naturaleza», dijo a EFE Marta Cornejo, una de las abogadas demandantes, entre los cánticos de una entusiasmada multitud frente a la sede del Supremo.
«Sí se pudo» clamaban los jóvenes, ambientalistas, sindicatos e indígenas, que se abrazaban y saltaban para festejar la decisión de los magistrados a las puertas del Palacio Gil Ponce, como se conoce a la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de Panamá.
Allí, en medio de ese ambiente festivo, el abogado Juan Ramón Sevillano, que interpuso una de las demandas de inconstitucionalidad, declaró a EFE que «el pueblo ha triunfado, ahora hay democracia (antes) había un ente corrupto dominando el sistema».
Las celebraciones se han replicado en muchos puntos del país, abarrotando las calles con banderas de Panamá y despejando la mayoría de las vías que se mantenían cerradas por los manifestantes desde hace semanas, unos festejos que se espera que se prolonguen durante todo el día.
¿Por qué es inconstitucional?
Abogados ambientalistas han explicado a EFE que dicho fallo evidencia que el contrato violaba más una docena de artículos de la Carta Maga y que es similar al anterior acuerdo minero también declarado inconstitucional en el 2017 por el Supremo panameño. Sin embargo, aún deben estudiarlo con detalle, advirtieron.
«Son más de una docena de artículos (…) este contrato no solamente violaba normas ecológicas sino de administración públicas fundamentales como el artículo 32 de la Carta Magna que estable el debido proceso legal», dijo a EFE el abogado Harley Mitchell.
Detalló que «el órgano Ejecutivo solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley y en este caso la ley correspondía al decreto de 1969 que establecía específicamente que los minerales de Donoso (donde se ubica la mina) se debían dar en licitación pública» y no por negociación directa, como se hizo.
El experto en materia ambiental señaló que «la Corte mantiene el mismo criterio de 2017 debido a que el derecho mismo no ha cambiado», en referencia a cuando el Supremo panameño declaró ese año inconstitucional el primer contrato minero de 1997, lo que llevó a las autoridades a negociar nuevamente otro acuerdo.
«Negociaron una mina, que es un tema de orden público regulado y con consecuencias ambientales, como si fuera un lote privado, a espaldas de la población. En ese sentido, hicieron lo mismo y el fallo es similar», apuntó Mitchell.
El diputado independiente Juan Diego Vázquez, una de las voces más críticas del contrato minero, explicó en la red social X (antes Twitter) que algunos argumentos del Supremo es que «debió haber licitación», «no se tomaron medidas de cuidado ambiental», «no se permitió participación efectiva en un proceso que tomó 10 días» y que «el contrato incluye materia extraña al incluir otras concesiones dentro de la minera».
Seguirán «vigilantes»
El fallo del Supremo se ha dado casualmente este martes 28 de noviembre, cuando se cumplen 202 años de la independencia de España, una coincidencia que ha revivido el sentimiento de soberanía nacional, un tema sensitivo en el país tras la presencia de EE.UU. durante gran parte del siglo XX en la Zona del Canal y otras empresas que establecieron «enclaves».
«Declaramos nuestra independencia de España y también la corrupción. Vamos a estar firmes y vigilantes a que se mantenga el estado de derecho. Vamos a seguir porque esto no termina hasta que cierre la mina y todas las minas hasta que se determine que el oro de Panamá es verde», señaló a EFE el ambientalista Guido Berguido del movimiento ‘Panamá Vale Más Sin Minería’.
La decisión del Supremo podría poner fin a la crisis interna del país, que desde hace más de un mes vive intensas manifestaciones callejeras, fuertes bloqueos viales y huelgas gremiales, desencadenando pérdidas millonarias y el desabastecimiento de productos básicos.
Sin embargo, algunos manifestantes han anunciado que bajarán la intensidad de las protestas pero que seguirán «vigilantes», ya que ahora el Ejecutivo debe acatar el fallo, algo que ya anunció que haría el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que el cierre. Expertos advierten que este proceso no es inmediato y podría tardar años.
«Más que protestar vamos a estar vigilantes, pasando a otras fases de participación ciudadana y velar de que ejecute ese fallo, ordenar el cierre hasta ser un país libre de minería», apuntó Lilian Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la organización ambiental que hace años interpuso esa demanda de inconstitucionalidad contra el contrato minero anterior.
