Ciudad de Panamá, 30 nov (EFE).- El ministro de Comercio e Industrias (Mici) de Panamá, Federico Alfaro, quien negoció el contrato minero foco de las mayores protestas en décadas en el país y que fue declarado inconstitucional esta semana, renunció este jueves al cargo.
«En el día de hoy he comunicado al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Comercio e Industrias (…) cargo que ocupo desde el primero de junio del 2022 (…) La decisión que hoy comunico corresponde al ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país», anunció Alfaro en una declaración pública televisada.
Como nuevo titular del Mici fue nombrado el hasta ahora Secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, quien anunció que se establecerá «una mesa técnica de coordinación» con los ministerios de Ambiente, Trabajo y Seguridad Pública, para desarrollar las acciones derivadas del fallo judicial, que tiene como consecuencia inexorable el cese de operaciones de la mina Cobre Panamá y posterior cierre.
Rivera Staff dijo que el Mici está «evaluando las acciones que le corresponden para acatar el fallo» de inconstitucionalidad emitido el pasado lunes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 406, es decir, el contrato que renovó la concesión por 20 años prorrogable a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de la mina Cobre Panamá.
El fallo, dado a conocer el martes pasado, señaló que el contrato ley aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno del presidente Cortizo y el Parlamento unicameral en un cuestionado proceso exprés, infringía 25 artículos de la Constitución del país.
La renuncia de Alfaro y de otros ministros implicados en el tema minero ha sido exigida por los sectores que denunciaron el contrato ley, que también reclaman a los asesores legales del Gobierno en esta negociación que cobraron casi 6 millones de dólares, de acuerdo con los datos oficiales.
También se han presentado ante el máximo tribunal, el único que puede juzgar a los diputados en Panamá, al menos dos denuncias contra los 45 legisladores, de un total de 71 del pleno del Parlamento, que votaron a favor del malogrado contrato minero.
Cobre Panamá, una inversión de 10.000 millones de dólares cuya operación representa el 4,8 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá y el 75 % de las exportaciones del país, según la empresa, es la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica.
Comenzó en 2019 a exportar mineral especialmente al mercado asiático y para 2022 se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
En los primeros 9 meses de 2023, la mina produjo alrededor de 268.000 toneladas de cobre contenido en concentrados, lo que representa el 2 % de la producción mundial, de acuerdo con el ICSG.
La minera informó este jueves que notificó al Ministerio de Trabajo panameño la suspensión «temporal» de los contratos de «aproximadamente 7.000 empleados».
«Cobre Panamá se reserva todos los derechos legales para proteger su inversión, prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados y se mantiene abierta al diálogo constructivo y transparente», indicó FQM en un comunicado el miércoles, en el que aseguró que «a pesar de que el Presidente (Cortizo) anunció la suspensión de las operaciones de Cobre Panamá, la empresa permanece abierta al diálogo constructivo».
