Nueva York, 22 dic (EFE).- El nuevo Gobierno argentino sufrió su primer revés en una corte federal de Nueva York, que negó su petición de una prórroga para depositar una garantía por los 16.100 millones de dólares que el pasado septiembre le ordenó pagar al fondo buitre Burford Capital por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF.
La corte también rechazó la petición de las autoridades argentinas de una prórroga para presentar los documentos de apelación.
De acuerdo con la orden del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Argentina debe cumplir con las fechas previstas del 10 de enero para presentar esa garantía y del 30 de enero para la apelación de la sentencia.
«Si el tema es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que la nueva Administración le prestaría atención inmediata», indicó en su decisión la jueza Loretta Preska, que preside el caso, debatido durante ocho años en esta corte.
«Se niega la solicitud de más tiempo», afirma el escrito de cinco páginas de Preska.
El nuevo Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, que juró al cargo el pasado 10 de diciembre, pidió a la jueza una prórroga de 30 días para apelar la sentencia, en una carta que le envió el pasado 19 de diciembre.
El nuevo Gobierno de Milei asegura que «circunstancias extraordinarias» justifican esta ampliación del plazo hasta el 22 de febrero.
«La apelación de la sentencia de 16.100 millones de dólares, que creemos que es la más grande jamás presentada en esta corte, requerirá que el nuevo Gobierno argentino tome decisiones críticas sobre la apelación en sus primeros días de mandato», indica la carta.
También indica que esa cifra representa el equivalente al 32 % del presupuesto del país para 2023 y que la nueva Administración «necesita ponerse al día con las cuestiones de apelación, comentar el escrito inicial e instruir a los abogados», por lo que no puede presentar los documentos para apelar antes del 30 de enero.
En 2012 Argentina compró el 51 % de las acciones de YPF a Repsol sin hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados.
El fondo buitre consideraba que el Gobierno argentino debía pagarle 16.000 millones de dólares, pero este país consideraba que esa cifra debía ser de 5.000 millones de dólares.
